Consuelo Cabral
El fuero Penal Económico y Anticorrupción, a través del fiscal Marcelo Fenol, dictó una resolución por la cual negó a los vecinos de Santa Ana la posibilidad de constituirse como querellantes en la causa Taym, tal como lo vienen haciendo en la denuncia radicada en la fiscalía N° 2 de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello.
Tras conocerse el rechazo de Anticorrupción, desde la Asamblea Santa María Sin Basura indicaron que el abogado que representa en esta causa a los vecinos, Carlos González Quintana, apeló este lunes dicha resolución.
"Nosotros hemos apelado esa medida entendiendo que el criterio que establece Fenol es un criterio vetusto que ya fue dejado de lado. Y que es el mismo que en su momento esgrimió el fiscal Amayusco, que dice que como son delitos cometidos por funcionarios públicos son 'delitos funcionales', donde la única parte 'ofendida' por así decirlo, y que por lo tanto puede participar, es la Administración Pública. Es decir, que sólo podría ser querellante el gobernador Juan Schiaretti, quien designó a estos funcionarios, lo cual es todo un contrasentido", explicó González Quintana a La Nueva Mañana.
Además, el letrado agregó: "Luego ese criterio fue modificado por Amayusco, quien dice que sí es posible admitir la participación de los vecinos, cuando funcionarios adoptan medidas que pueden afectar no solamente el ambiente sino cualquier otro derecho de naturaleza colectiva y social. Eso fue ratificado en la causa Candonga por el TSJ, por lo que Fenol no tuvo en cuenta estos antecedentes para rechazar nuestro pedido, y en base a ello es que hemos presentado esta oposición".
Cabe recordar que tras la inundación en el predio de Taym ocurrida en marzo de 2017, la causa que investiga el impacto ambiental del basural en la localidad cordobesa y la responsabilidad de los distintos actores involucrados, se encuentra desdoblada. Por un lado, la investigación sobre las responsabilidades de los privados recayó en la fiscalía de Peralta Ottonello y la investigación correspondiente a los funcionarios públicos se radicó en la Fiscalía Anticorrupción de 2° Turno, que se encuentra sin fiscal a cargo, y fue tomada por Fenol.
Por su parte, los vecinos señalaron que "esta es otra maniobra de encubrimiento de las responsabilidades evidentes y flagrantes de diversos funcionarios públicos que desde el año 2000 actúan en diferentes oficinas del Estado, pero también rotando por consultoras privadas que fabrican Estudios de Impacto Ambiental para simular el cumplimiento de los requisitos legales para la habilitación de emprendimientos empresariales que impactan negativamente sobre el ambiente".
Asimismo, desde la Asamblea Santa María Sin Basura reiteraron el pedido de cierre definitivo de la planta de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, y destacaron que en marzo pasado dieron a conocer documentación obrante en el expediente, la cual "involucra directamente al actual ministro de Ambiente, Fabián López, como responsable de haberle otorgado a la empresa de Benito Roggio una dudosa certificación de no inundabilidad en el año 2000, a pesar que los informes técnicos advertían sobre las características geográficas e hidrológicas desfavorables del predio ubicado en Alto El Durazno".
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