Gaston Gracia Daponte
La Unicameral designó los integrantes de la Comisión Técnica de Garantías, establecida por la ley 10.461 que garantiza la prestación de los servicios esenciales, entre ellos, el de energía eléctrica a propuesta del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti.
Sus titulares serán; Pedro Enrique Ducanto; el Ing. Jorge José Galarraga; el Dr. Rubén Hugo Bengió; el Ab. Guillermo Ernesto Maisuluis y el Dr. Olivio Rubén Costamagna quien para el poder ejecutivo cumplimentaron acabadamente tanto los requisitos legales como de idoneidad y capacidad para el ejercicio de estas funciones.
Esta ley prevé la intervención de esta comisión técnica para calificar las actividades de dichos servicios cuando se plantee un conflicto laboral que los afecte para contar con la prestación garantizada de servicios mínimos, sus modalidades de ejecución, planteles destinados a tales efectos y asesoramiento de la autoridad de aplicación.
La encargada de argumentar la iniciativa del poder ejecutivo fue la legisladora Sandra Trigo quien destacó la publicidad que se dio a los nombres que integrarán la comisión y que no surgió ningún tipo de objeción a sus designaciones.
El legislador Ezequiel Peressini del bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores advirtió que el Ab. Guillermo Ernesto Maisuluis, uno de los miembros que integrará la Comisión Técnica de Garantías fue asesor del Ministerio de Trabajo e interventor de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) durante la última dictadura militar "con el único objetivo de hundir el derecho a huelga de los trabajadores", señaló.
El presidente de bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) acompañó la designación de los miembros de la comisión salvo el de Maisuluis por los antecedentes de su desempeño como parte de la dictadura cívico-militar.
Por su parte, el legislador Adolfo Somoza, en representación de Cambiemos, el legislador Martín Fresneda presidente del bloque kirchnerista Córdoba Podemos, Liliana Montero, Aurelio García Elorrio, presidente de bloque de Encuentro Vecinal Córdoba y los legisladores del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) adelantaron el rechazo de sus respectivas bancadas al haber votado en contra de la ley de servicios esenciales (Ley 10.461).
En igual sentido los legisladores oficialistas José Pihén e Hilda Bustos manifestaron su rechazo a la conformación de la comisión "que torna operativa la ley que tampoco votamos de los servicios esenciales, no solo nos opusimos acá sino que lo hicimos en la calle" aseguró Pihén.
Previendo una escalada en el conflicto con el gremio más combativo de la provincia, el gobernador Juan Schiaretti decidió reglamentar hoy la ley 10.461 sancionada el 14 de junio del año pasado en la que se declara y garantiza la prestación de los servicios esenciales entre los que se encuentra la energía eléctrica. La iniciativa, que estaba presentada en la Unicameral, fue convertida en ley luego de un irracional y extenso conflicto en el trasporte urbano de pasajeros que dejó durante casi dos semanas sin movilidad a los usuarios de la ciudad de Córdoba.
Concretamente lo que el gobierno busca ajustar es el costo que le ocasionan a la provincia los cuatro puntos del convenio colectivo de trabajo, la electricidad gratuita para los empleados, las vacaciones extendidas, el pago durante más de un año de las enfermedades inculpables y los aportes al fondo compensador sindical que entre los cuatro puntos requieren un gasto de 660 millones de pesos. Los restantes 400 millones se ajustarían a través de la reducción de las horas extras, suplencias, viáticos y otros ítems. Para justificar el recorte voceros del Centro Cívico aseguran que esta cifra alcanzaría para pagar un mes de la compra de energía a Cammesa.
Ayer el Ministerio en cuestión se declaró competente para abocarse a la denuncia del convenio colectivo de trabajo 165/75 de Epec y dispuso convocar a la conducción de la empresa y a los sindicatos de Luz y Fuerza de Córdoba, Río Cuarto y Villa María a una audiencia de apertura del próximo lunes a las 16.
