Tras la clausura del primer local de venta de aceite de cannabis que se instaló en Córdoba, realizado este lunes por la Municipalidad de Córdoba, la Justicia imputó a su dueño Daniel Landgreen.
La Secretaría de Fiscalización y Control del municipio clausuró el local ubicado en galería Argentina, entre Chacabuco y San Jerónimo. El argumento se centra en que no cuenta con ningún tipo de habilitación ni de registro impositivo. “No lo clausuramos por vender aceites de cannabis, porque no es nuestra competencia, sino porque no tenía ninguna habilitación”, manifestaron desde el municipio en declaraciones a medios locales.
En tanto, el Ministerio de Salud de Córdoba presentó una denuncia penal en la Justicia provincial contra Daniel Landgreen, propietario del local, por considerar que esa actividad implicaría un delito contra la salud pública. Landgreen fue imputado por el fiscal Pedro Caballero ya que se entiende que incurrió en el delito de "ejercicio ilegal de la profesión", sin título ni habilitación pertinente.
Por un lado, el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico analiza los presuntos delitos de venta de drogas y la venta ilegal de sustancias medicinales.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) también realizó un allanamiento en barrio General Bustos, "donde se detuvo a un sujeto de 40 años que se trasladaba en un vehículo Renault Duster y en dos locales de la galería Argenta, localizada en calle San Jerónimo y Chacabuco del centro".
Allí se secuestraron varios bidones y frascos conteniendo aceite de cannabis, 1.653 gramos de cogollos y hojas de marihuana y dinero (157.603 pesos en efectivo), entre otros elementos presuntamente relacionados a la investigación", según se explicó en un comunicado. En ese sentido, las fuentes agregaron que ahora, al analizar todo lo secuestrado, el fiscal antidrogas del tercer turno, Carlos Cornejo, evalúa la situación legal de Landgreen.
Por otra parte, Germán Daniele, el titular de la Asociación de Farmacéuticos explicó a Canal 10 que se trata de delitos “contra la salud pública”, lo que es considerado “un bien jurídico”. La falta de reglamentación del “artículo 13” de la flamante ley que autoriza el uso de cannabis medicinal es lo que llevó a los farmacéuticos a realizar las denuncias.
Además, Daniele explicó: “Vemos muy bien la reacción espontánea del Estado, porque la ley requiere su estricto control, ya que sobre las autoridades recae la producción y la elaboración de los productos”, sostuvo, mencionando a su vez que la norma brinda la posibilidad de acceso a “un tratamiento seguro”, no pudiendo “dar garantías” en un caso contrario.
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