Consuelo Cabral
Carlos Eduardo Monje sacó su arma reglamentaria, una Bersa 9 milímetros, y amenazó a su ex novia, Magalí Pérez. La ex suegra, Nancy Beatriz Pérez, se abalanzó para defender a su hija. Carlos no lo dudó: comenzó a gatillar contra ambas, una, dos, diez veces. Siete contra su ex y tres contra la madre de ella.
Magalí tenía 21 años, una hija de 5 y estaba embarazada. Cursaba segundo año de psicología y este año se había inscripto en la Escuela de Suboficiales. Ella y Carlos eran policías.
La discusión del domingo a la madrugada era la misma de siempre. Él le pedía que volvieran. Ella lo había dejado después de vivir dos semanas juntos y descubrir que era violento y controlador. Desde ese momento, Monje pasaba horas frente a la casa de la madre de Magalí, a 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en La Calera, a donde ella se había mudado.
Al igual que en la masacre de Traslasierra, donde en junio de este año Federico Chulo Cortéz asesinó a su suegra, a su cuñado e intentó matar a su ex pareja, la madre de Magalí también intentó defender a su hija poniendo su propio cuerpo entre ella y el femicida. Magalí y Nancy murieron en el acto. Con la última bala, Carlos se suicidó.
Carlos tenía dos denuncias por violencia de género de su anterior pareja y acababa de salir de una carpeta psiquiátrica en la Policía de Córdoba, donde después de distintas pericias psicológicas, le devolvieron el arma reglamentaria.
Hace una semana, también en Córdoba, el policía Ricardo Nicolás Campos le disparó a su esposa, Cristina Rodríguez. Dijo que todo pasó cuando se estaban preparando para ir al cine. Que él estaba limpiando el arma y se le escapó un tiro. La fiscal Betina Croppi, la misma que interviene en el doble femicidio de La Calera, lo detuvo y lo imputó por “homicidio calificado por el vínculo”.
Según el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal de Superior de Justicia de Córdoba, en el 26 por ciento de los femicidios el imputado se suicida. Relevamientos hechos por Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) van más allá y aseguran que de 10 femicidas, 4 terminan con su vida después de matar.
De haber quedado vivo, Carlos hubiese sido imputado también por “femicidio vinculado”, figura que aplica cuando el asesino mata a personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, con el fin de castigar o destruir psíquicamente a la víctima directa sobre la cual ejerce la dominación, o cuando asesina a quien intenta impedir el femicidio.
El último informe presentado por La Casa del Encuentro, entre 2009 y 2015, dice que al menos 116 femicidios fueron cometidos por uniformados, activos o retirados. El relevamiento agrega que actualmente hay 222 efectivos de fuerzas nacionales que deben dejar a sus superiores su arma reglamentaria al finalizar su horario de servicio por estar denunciados por violencia contra sus parejas o ex. En el caso de Magalí y su mamá, el arma quedó en manos del femicida.
*Esta nota fue escrita en el marco de la Beca de Cosecha Roja y publicada en el sitio de periodismo judicial.
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