Miguel Angel Perin
En la semana que concluye se realizó en Cura Brochero una reunión de obispos de la provincia de Córdoba, con el objetivo de analizar la situación de la Iglesia y sus entes satélites que trabajan con la comunidad. En ese marco, se conoció que al no haberse concluido las obras en marcha y, en consecuencia no haberse certificado el avance de los proyectos, el Estado nacional no está girando los fondos correspondientes al programa de viviendas sociales que administra Cáritas.
Fuentes de la entidad católica dedicada a la acción social indicaron a La NUEVA Mañana que se enfrentan diversos problemas para la continuidad de la construcción de las viviendas sociales.
Por un lado, al tratarse de un sistema de autoconstrucción, en algunos casos el grado de compromiso de los beneficiarios no es el esperado, lo que impide certificar el avance de obra.
Por otra parte, se afrontan dificultades para la escrituración de los terrenos por el engorroso trámite que ello implica, lo que implica gastos importantes para Cáritas en materia impositiva.
“La dádiva es una lápida que pesa sobre nuestras espaldas”, dijo una de las autoridades eclesiásticas que participó del encuentro en Traslasierra. Esa reflexión se refiere a una actitud displicente de algunos beneficiarios de los planes habitacionales en cuanto a cumplir los términos de la realización de las obras, lo que condiciona el cumplimiento de las metas del proyecto.
Desde 2004 el Estado nacional y Cáritas trabajan en conjunto en la construcción de viviendas sociales. La administración federal aporta los fondos mientras que Cáritas se ocupa de las cuestiones técnicas, legales y contables del proyecto.
Las casas se levantan por el sistema de autoconstrucción y ayuda mutua. Las viviendas se caracterizan por tener 3 dormitorios y una superficie cubierta de 73 m2, y disponen de los servicios básicos.
La sexta etapa que está en marcha comprende en total 1.594 viviendas, que se construyen en distintos puntos del país, siendo Córdoba una de las provincias con mayor cupo. Los proyectos principales se llevan a cabo en las Diócesis de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco y Cruz del Eje.
El sistema establece que cada familia edifique su vivienda y luego de finalizada paga una cuota fijada en el precio de 5 bolsas de cemento. Este aporte tiene un simbolismo relacionado con que no se trata de un regalo sino que se pretende generar un compromiso solidario en la población, además de brindar capacitación en oficios a los beneficiarios.
