Redacción La NUEVA Mañana
Este martes se solicitó el cierre del colegio Agustín Garzón Agulla, a través de una denuncia penal realizada por la Fundación Lucha Contra la Contaminación Ambiental en Defensa de la Salud (Lucadesa).
El requerimiento lleva la firma de Carlos Matheu, presidente de la fundación, y señala a dos funcionarios provinciales: a Carlos Ricardo Giovannoni, director general de Infraestructura Escolar y a Carlos Dalmiro Paz, subdirector de Promoción Social y de la Salud.
La denuncia plantea que la conducta de los denunciados encuadraría en el delito de contaminación ambiental culposa, ya que fueron “partícipes y/o instigadores” de intervenciones que se realizaron el edificio con manipulación y disposición final del amianto. Al respecto, se señaló la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (N° 24.051), por contaminación ambiental dolosa, y el Código Penal.
Como pruebas documentales, Matheu incluyó el informe del Centro de Excelencia en Procesos Córdoba (Ceprocor) y una copia del Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. Además, solicitó que se practique “con urgencia un peritaje químico ambiental” en el edificio.
