
Exigirán el tratamiento de la ley de alquileres en la Cámara de Diputados



La Federación de Inquilinos Nacional mantendrá este martes un encuentro en la Cámara de Diputados donde elevarán los resultados de la segunda encuesta nacional, la cual señala que el 45% de un salario es destinado al pago del alquiler.
Se trata del trabajo realizado en los últimos meses por esa entidad, ante la ausencia de datos oficiales y de la necesidad de medir el impacto del aumento en el precio del alquiler en las familias inquilinas.
“La encuesta contó con más de 5.000 respuestas y el dato más destacado que surgió fue que, en promedio, un inquilino destina el 45% de sus ingresos en el pago del alquiler. Esto representa un incremento de 4 puntos respecto de la encuesta que realizamos en enero de este año, que había dado como resultado 41% para esa misma pregunta”, aseveraron en un comunicado difundido este martes por la agrupación Inquilinos Córdoba.
“Si analizamos los datos por provincia, Córdoba –con 46,7%- es la que registra un mayor porcentaje de los ingresos que se destinan al pago del alquiler, seguida de San Juan (46,2%), Provincia de Buenos Aires (45,6%) y Ciudad de Buenos Aires (44,6%)”, informaron, además.
Y aclararon: “Cabe destacar que esta información hace referencia únicamente al pago del alquiler, excluyendo expensas, impuestos y servicios. Si tomamos en consideración todos esos gastos, un inquilino destina entre el 60 y el 70% de sus ingresos en mantener su vivienda alquilada”.
El otro dato importante que surgió de esa encuesta fue la “evasión impositiva del mercado inmobiliario”, ya que el 78,3% de los encuestados afirmó que la inmobiliaria o el propietario “no le extienden una factura al momento de pagar el alquiler”.
El encuentro de este martes con Diputados se realiza en virtud de que la Ley Nacional de Alquileres, que fue aprobada por unanimidad en el Senado, corre riesgo de perder estado parlamentario si no es tratada antes de finalizar el año legislativo por la Cámara baja.
Ese proyecto extiende a tres años la duración mínima de los contratos y establece que los alquileres deben aumentar una vez por año a través de un índice promedio entre inflación y salario.
También expresa la prohibición de que los impuestos sean a cargo del inquilino; devolución actualizada del depósito en garantía; plazo de 60 días para la renegociación del contrato, entre otros puntos.


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