El presidente estadounidense, Donald Trump, despidió a la fiscal general en funciones, Sally Yates, quien ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no defiendan en los tribunales el veto a inmigrantes y refugiados impuesto por el mandatario.
Yates "traicionó al Departamento de Justicia al negarse a aplicar una orden puesta en marcha para defender a los ciudadanos estadounidenses", afirmó la Casa Blanca.
En una carta enviada a los abogados del Departamento de Justicia, Yates dijo "no estar convencida" de que la orden ejecutiva de Trump sea "legal".
Yates es una fiscal de la era del expresidente Barack Obama y sigue en el cargo a la espera de que el Senado estadounidense confirme al nominado de Trump para la Fiscalía General, el senador republicano Jeff Sessions.
"Soy responsable de velar porque las posiciones que tomamos en los tribunales sean consistentes con la solemne obligación de esta institución de buscar la justicia y defender lo que es correcto", afirmó la fiscal general en funciones en la misiva.
"En este momento, no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea consecuente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal", agregó.
Por eso, Yates ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no defiendan la orden ejecutiva en las demandas interpuestas en su contra en Virginia, Nueva York, Massachusetts, el estado de Washington y California, como mínimo.
"Mientras siga como fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, a menos y hasta que esté convencida de que sería apropiado hacerlo", concluyó Yates.
Trump, que no se ha pronunciado aún sobre la decisión de Yates, tiene competencias para despedirla, pero el cargo quedaría entonces vacante hasta la confirmación de Sessions.
El decreto ley suspende el ingreso en EE.UU. de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos.
Obama rompió precisamente su silencio al afirmar que "no está de acuerdo con la noción de discriminar a los individuos debido a su fe o religión", de acuerdo con su portavoz, Kevin Lewis.
