Fabián López no asistirá a la Unicameral por EPEC

El Ministro de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba, Fabián López, no asistirá a la Unicameral de Córdoba el próximo miércoles - como estaba previsto- para brindar respuestas a los pedidos de informes del arco opositor referidos a la situación de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC) en momentos en los que el gobierno de Juan Schiaretti decidió, a través del directorio de la empresa energía estatal, denunciar el Convenio Colectivo en el Ministerio de Trabajo a cargo de Omar Sereno, para realizar un ajuste de $1100 millones de pesos.

El bloque de Unión por Córdoba (UPC) finalizó hace instantes una reunión en la que consideró que no estaban dadas las condiciones para que el López presentara su informe acerca de EPEC debido a las definiciones del resultado de la reunión de los gremios de Luz y Fuerza provinciales en el Ministerio de Trabajo;, los resultados de la reunión de López con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, durante el encuentro del Consejo Federal de Energía y los anuncios del pasado fin de semana sobre el fondo de 500 millones de pesos para red domiciliaria del gas.. 

Concretamente lo que el gobierno busca ajustar es el costo que le ocasionan a la provincia los cuatro puntos del convenio colectivo de trabajo, la electricidad gratuita para los empleados, las vacaciones extendidas, el pago durante más de un año de las enfermedades inculpables y los aportes al fondo compensador sindical que entre los cuatro puntos requieren un gasto de 660 millones de pesos. Los restantes 400 millones se ajustarían a través de la reducción de las horas extras, suplencias, viáticos y otros ítems. Para justificar el recorte voceros del Centro Cívico aseguran que esta cifra  alcanzaría para pagar un mes de la compra de energía a Cammesa mientras que desde la oposición denuncian que esta cifra equivale a la cuota mensual que el gobierno de Córdoba para por la obra de la Central de Pilar del Bicentenario que tuvo un costo de 565 millones de dólares.

La semana pasada en la Legislatura provincial se debatió esta cuestión a raíz de un proyecto del interbloque Cambiemos que tenía debate obligatorio donde se produjo un extenso debate acerca de la situación de la EPEC donde advirtieron la posibilidad de que el gobierno de Unión por Córdoba avance -como en 2001- hacia la privatización de la cuarta empresa de energía del país.

De esta forma, también se postergará el tratamiento del proyecto que establece la realización de concursos públicos para el ingreso a todas las dependencias del gobierno, incluida la EPEC, donde actualmente se produce a través de una bolsa de trabajo.

El interbloque cambiemos había citado el año pasado al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y por su intermedio al Sr. Secretario de Desarrollo Energético, Edgar Castelló y al Sr. Presidente de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), Luis Giovine, para que concurrieran al seno de la Comisión de Agua, Energía y Transporte de la Legislatura de Córdoba, para brindar explicaciones acerca de la situación contable-financiera de EPEC, cuadros tarifarios, composición de la facturación del servicio de energía, balances de la empresa y en general toda cuestión vinculada a la política energética de la provincia.

Previendo una escalada en el conflicto con el gremio más combativo de la provincia, el gobernador Juan Schiaretti decidió reglamentar la ley 10.461 sancionada el 14 de junio del año pasado en la que se declara y garantiza la prestación de los servicios esenciales entre los que se encuentra la energía eléctrica. La iniciativa, que estaba presentada en la Unicameral, fue convertida en ley luego de un irracional y extenso conflicto en el trasporte urbano de pasajeros que dejó durante casi dos semanas sin movilidad a los usuarios de la ciudad de Córdoba.

Según los plazos que estipula la ley 8329 en la que el gobierno se basó para denunciar el Convenio Colectivo de Trabajo a través de las autoridades de EPEC para ajustar unos 1.110 millones de pesos en la empresa estatal, el conflicto debería resolverse si no se extienden los plazos el 19 de octubre cuando hayan vencido todos los plazos previstos en la norma que acumulan 125 días hábiles luego de los que será la justicia la que deba resolver la situación en caso de no llegar a un acuerdo.