Por: Consuelo Cabral - [email protected]
Este martes, en Tribunales Federales concluirá otro juicio al terrorismo de Estado en Córdoba y se conocerá la sentencia del juicio Menéndez IV, que surge de la acumulación de las causas “González Navarro y otros” y “Vergez Héctor Pedro y otros” por delitos cometidos contra 61 víctimas del terrorismo de Estado, de las cuales seis fueron asesinadas y una está desaparecida.
Lo histórico de este juicio está enmarcado en la causa Vergez que investiga los crímenes cometidos antes de 24 de marzo de 1976 por el Comando Libertadores de América.
Es así que por primera vez se dictará sentencia sobre crímenes realizados antes de la dictadura, y denunciados durante más de cuatro décadas por organismos de derechos humanos, quienes históricamente insistieron en la existencia de un plan sistemático de tortura y exterminio llevado a cabo en Córdoba con antelación al Golpe.
De esta manera, y tras cinco meses de audiencias donde dieron su testimonio casi la totalidad de las víctimas, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 1 (TOF1) integrado por los jueces Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier, Juan Carlos Reynaga y José Quiroga Uriburu, se pronunciará sobre los aberrantes hechos perpetrados entre febrero de 1975 y mayo de 1978 en los centros clandestinos de detención Campo de la Ribera y el D2, antes y durante el Golpe de 1976.
Se trata del octavo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la provincia de Córdoba y que encuentra en el banquillo a 19 imputados, entre los que estaba como principal acusado Luciano Benjamín Menéndez, que murió el 27 de febrero pasado. Menéndez, como el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba y otras diez provincias, amparó el accionar del Comando Libertadores de América, versión local de la Triple A, formada por militares, policías y civiles y comandada por el capitán Héctor Pedro Vergez, que sembró el terror en la Córdoba previo al 24 de marzo de 1976.
La escalada represiva que se vivió en los meses previos al golpe militar del 24 de marzo de 1976 tuvo su pico máximo la noche del 14 de agosto de 1975, cuando varios integrantes de la familia Pujadas fueron secuestrados en medio de la noche, fusilados y sus cuerpos, tras ser arrojados a un pozo, volados con explosivos.
El fiscal federal Maximiliano Hairabedian pidió 17 años de cárcel para Héctor Chilo y 12 para Ernesto Barreiro y Héctor Vergéz, entre otros. Los delitos investigados fueron “privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado en grado de tentativa, homicidio calificado, abuso deshonesto y violación agravada”.
Antes de conocerse la sentencia, Beatriz Argañaraz, miembro de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, habló con La Nueva Mañana sobre el significado de estas causas en los procesos de justicia. “La importancia que tienen estos juicios es la de reconocer que el Terrorismo de Estado fue anterior al golpe. En el caso de la causa Vergez, entra el Comando Libertadores de América, que no estaba contemplado en las causas anteriores. Por eso, para nosotros es la ratificación de nuestra lucha. El hecho de que haya un juicio, una condena, una sentencia, habla de que acá hubo Terrorismo de Estado y de que no estábamos equivocados cuando presentamos las acusaciones, con todo lo que eso implica, como ser el sufrimiento de las víctimas y la revictimización”.
Un rasgo distintivo en este proceso de justicia fue que gran parte de los testigos que declararon en las causas fueron mujeres, quienes tras 40 años de silencio, pudieron contar por primera vez los aberrantes hechos a los que fueron sometidas por los acusados. Una de ellas, incluso, reveló que estando embarazada de mellizos, la torturaron y obligaron a parir, le quitaron los bebés y luego le dijeron que los habían enterrado.
“Entre los testimonios claves, está el de una compañera que investigó dónde estaban sus hijos, y tras recorrer hospitales, llegó a la Maternidad donde una enfermera le dijo que ella los había enterrado. Ella no logra aún que se abra una causa aparte por apropiación de menores, pero todo eso ha quedado asentado y el Tribunal prometió continuar investigando”, cuenta Argañaraz. Además de este caso, está el de dos hermanas embarazas y torturadas en el D2, por la también imputada en estas causas, Mirta Graciela “Cuca” Antón.
“Si bien queremos cárcel común para los represores y condenas perpetuas, queremos correr el eje y destacar que nuestro mayor reconocimiento es para la Justicia, y que nuestro objetivo es que estos procesos judiciales empiecen y terminen. Desde que empezamos los juicios pasaron miles de cosas y los juicios siguieron. Nuestra mayor expectativa es que se haga justicia, después nos encargaremos de hacer las apelaciones correspondientes”, adelantó Argañaraz.
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