Sin Cambiemos en el recinto, UPC aprobó las Reformas Electorales

Con la ausencia en el recinto del interbloque Cambiemos y con el rechazo de casi todo el arco opositor, Unión por Córdoba (UPC) aprobó tres proyectos modificando el Código Electoral de la provincia de Córdoba (Ley 9571) en medio de cuestionamientos y duros reproches del radicalismo, el Frente Cívico y el PRO quienes aseguraron que estas variaciones se deben a “la desesperación” del gobierno ante la incertidumbre que genera el crecimiento de la fuerza de Mauricio Macri en la provincia de cara a las elecciones generales del año que viene.

En referencia a la actitud del interbloque opositor, el legislador Daniel Passerini de UPC aseguró que “lamentablemente el interbloque de cambiemos oculta las ya evidente diferencias que tiene y opta por no venir al recinto de sesiones”.

En igual sentido el legislador Martín Fresneda del bloque Córdoba Podemos coincidió con el legislador oficialista en esta apreciación sosteniendo enfáticamente que “es más fácil discutir los proyectos en la prensa que venir a poner la cara acá”.

Al cierre del debate el presidente de bloque de UPC, Carlos Gutiérrez aseguró que “lo que ha pasado es que después de tanto cacarear la gallina ha puesto el huevo, y el huevo es el huevo, porque quienes reclamaron debate durante estos últimos días no vinieron a debatir”.

Las reformas introducidas establecen las dobles candidaturas a nivel provincial, cambios en el financiamiento de las campañas electorales con aportes estatales y privados prohibiendo los aportes anónimos y la derogación del tope como fecha límite del 1 de marzo para que el gobernador anuncie la fecha de la contienda electoral.

El debate legislativo transitó por las exposiciones de los pocos legisladores opositores que se encontraban en el recinto, ante la ausencia de Cambiemos, quienes expresaron su rechazo a las iniciativas propuestas por el oficialismo que solo logró la adhesión y el acompañamiento de la legisladora Vilma Chiapelo y del legislador Franco Saillén del bloque kirchnerista Córdoba Podemos quien llevó al recinto cuatro posiciones distintas acerca de la reforma electoral.

La sorpresa la dio la legisladora Liliana Montero, una de esas cuatro posiciones de este mismo bloque, quien anunció su desprendimiento de esta fuerza y la creación de un bloque Unipersonal producto de las diferencias que se profundizaron ante el avance de la unificación del Partido Justicialista a nivel nacional y provincial teniendo como corolario la posición de sus compañeros de bancada respecto a la reforma electoral.

El legislador Aurelio García Elorrio, presidente del bloque Encuentro vecinal Córdoba le recordó al oficialismo que “ante cada elección ven como están y van acomodando las leyes electorales, yo le quiero hablar a los jóvenes, que esto se haga no quiere decir que está bien, esto no se hace, estas son picardías, arducias, las leyes electorales son casi como la constitución, tienen que tener estabilidad, son las reglas del juego”.

Y agregó que “yo personalmente no quiero ser parte de eso, mi voto (negativo) es por dignidad porque se porque lo hacen, porque en 2015 no nos necesitaban y en 2019 nos necesitan a todos para mantener el poder, incluso de este humilde partido que ni siquiera saben cómo se llama”.

En el marco de reforma electoral aprobada, el oficialismo eliminó un cambio sancionado por la ley 10.407 hace sólo un año y cuatro meses derogando el plazo máximo del 1 de marzo fijado como fecha límite para que el gobernador anuncie la fecha electoral establecido en el artículo 44 del Código Electoral Provincial.

En este sentido Gutiérrez sin medias tintas adjudicó la responsabilidad por el cambio de esta norma a la principal fuerza opositora en Córdoba a la que le atribuyó haber adelantado los tiempos electorales.

“Esa reforma responde a una realidad cambiante porque el cambio de fecha tiene que ver porque aquí Cambiemos inauguró más de dos años antes del término del gobierno la campaña electoral, huyen hacia adelante, no se hacia dónde, pero huyen hacia adelante” aseguró el presidente de bloque del oficialismo.

En este sentido, el argumento de UPC fue dotar de "mayor previsibilidad" el acto eleccionario, restableciendo la convocatoria a elecciones con 90 días, por lo menos, de anticipación al acto electoral, debiendo además indicarse el sistema electoral aplicable justificando la modificación en el adelantamiento de los tiempos de campañas.

“En función del proyecto que deroga la fecha para anunciar las elecciones, nuestro bloque lo va a rechazar porque en su momento la aprobamos por la previsibilidad que le daba el anuncio de la fecha electoral, de ninguna manera el fundamento de acortar el periodo electoral es válido”, sostuvo Martin Fresneda, presidente de bloque de Córdoba Podemos.

A su turno, García Elorrio aseguró que “lo del cambio de fecha no era necesario, agradezcan que ya ni el periodismo viene a esta cámara porque si la gente viera esto…si me preocupa la ley de financiamiento, como ustedes crearon otra ley rarísima, un tribunal ad hoc que los tres que lo integraban eran simpatizantes del peronismo, eso me consta yo participé de ese proceso, ya era alevoso por el lado que se mire, cuando yo le dije al tribunal que en la última campaña habían gastado 14 millones y no cuatro, sabe lo que me dijeron que mis argumentaciones como yo era candidato eran política, chau, váyase a su casa”

En este sentido agregó que esta norma le daba “mayor previsibilidad jurídica, política e institucional” y advirtió que “siempre se encuentran las trampas para hacer campañas con anticipación, consideramos que era una buena ley para que el gobernador cada primero de marzo anuncie la fecha de elección”.

Los legisladores del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Eduardo Salas, Ezequiel Peresini y Laura Vilches consideraron las reforma como “arbitraria” y “conveniente”, realizada como un traje a medida del oficialismo que contó con la anuencia del interbloque de Cambiemos al no asistir al recinto constituyendo “supuestamente ausencias de envergadura”

En lo que refiere al sistema que se implementará para llevar adelante el acto eleccionario tanto la Justicia Electoral de Córdoba como Unión por Córdoba se encuentran analizando la posibilidad de ampliar la utilización de la tecnología para la Boleta Única de Sufragio (BUS) en la capital de la provincia para extender la experiencia de las ciudades de Marco Juárez y La Falda que lo utilizan desde 2015 con resultados indiscutibles hasta el momento.

“¿En que punto estamos?, nosotros votamos la ley, felizmente existe la Justicia Electoral totalmente independiente del Poder Ejecutivo y es esta la que va a terminar de definir si se avanza y de qué manera con la implementación de este sistema que la ley autoriza. Hemos tenido algunas conversaciones en ese sentido con la Justicia Electoral y si bien no está definido a mì me parece que lo más racional sería hacer una incorporación gradual del sistema en el resto de la provincia sumándole a las dos ciudades en la que ya se utilizó el sistema otras ciudades del interior o alguna ciudad grande como Córdoba Capital con exclusividad, pero esto aún no está definido es materia de conversaciones” aseguró Oscar González, Presidente Provisorio de la Unicameral a cargo de la vice gobernación en diálogo con La Nueva Mañana.

Para ello, no hace falta otra cosa más que la decisión política de aplicarla, porque a tales fines el Poder Legislativo sancionó el 22 de diciembre de 2016 la ley 10420 que introdujo en el Código Electoral de la provincia (Ley 9751)  las Tecnologías Electrónicas de Votación en todas las etapas del proceso electoral bajo las garantías y principios reconocidos constitucional y legalmente.

El oficialismo mantuvo varias reuniones con la Justicia Electoral para avanzar en la aplicación de la Boleta Única de Sufragio Electrónica (BUSE) en la capital provincial o en las principales ciudades del interior como Villa María, San Francisco y Rio Cuarto. Lo claro es que la intención del gobierno es avanzar en su implementación.

El artículo ocho de la ley que introdujo la posibilidad de contar con tecnologías electrónicas de votación, les otorga la potestad a las fuerzas de seguridad para fiscalizar dentro de un radio de trescientos metros de los lugares de votación que no haya elementos electrónicos que puedan interceptar o alterar el software utilizado durante la elección.

Para darle fiabilidad al sistema la misma ley contempla la posibilidad de realizar un escrutinio manual sobre el cinco por ciento del total de las mesas que serán sorteadas por la Justicia Electoral y actuarán como mesas testigo acerca del funcionamiento del sistema electrónico. Si este conteo coincide con el electrónico la votación continuará normalmente, de lo contrario todas las mesas del distrito deberán contabilizarse de manera manual.

Financiamiento de las Campañas Electorales

Se reformuló el financiamiento de las campañas electorales fijando las condiciones y los montos de aportes públicos y privados, las prohibiciones y las fuertes multas a quienes infrinjan las condiciones previstas en la futura ley que, entre otras cosas, elimina los aportes anónimos.

Antes de presentar la iniciativa legislativa, Oscar González, Presidente Provisorio de la Unicameral a cargo de la vicegobernación junto a Carlos Gutiérrez, presidente de bloque de Unión por Córdoba, se reunieron en la ciudad de Buenos Aires con Adrián Pérez quien se desempeña como Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior

En el encuentro abordaron la reforma política que está preparando el gobierno de Maurcio Macri con la intención de no avanzar en la provincia con una norma que se contraponga con una futura ley nacional en este sentido. Hubo acuerdo en los temas del financiamiento político y Pérez les confirmó a los parlamentarios cordobeses que se avanzará hacia el sistema de la Boleta Única de Sufragio Electrónica y en caso de no alcanzar los consensos suficientes se implementará la Boleta Única en papel.

La iniciativa del oficialismo estipula un aporte del estado que rondará entre los noventa y cien millones de pesos establecidos a partir de una suma equivalente al tres coma cinco por mil (3,5‰) del salario mínimo, vital y móvil por elector habilitado a votar destinado a financiar la publicidad electoral en los servicios de radiodifusión en cualquiera de sus modalidades incluyendo en esta modificación a los medios gráficos que se encontraban excluidos de recibir propaganda política. Para esto, se creó el Fondo Permanente para el financiamiento de campañas electorales.

El treinta por ciento (entre $25 y $30 millones) de estos fondos se distribuirán de manera igualitaria para todos los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen, mientras que el restante setenta por ciento (entre $70 y $75 millones) restante se reparten en forma directamente proporcional a la cantidad de votos que el partido, alianza o confederación política obtuvo en las últimas elecciones provinciales. El único requisito para ingresar al reparto de estos fondos es haber alcanzado el uno por ciento del total de los votos válidamente emitidos tomando como base la categoría de candidatura en la que haya obtenido la mayor cantidad de votos.

En el caso de los aportes privados a partir de ahora se podrán hacer a través de donaciones o aportes de dineros por parte de afiliados (si estuviese previsto en las cartas orgánicas partidarias); De otras personas humanas no afiliadas; Personas Jurídicas o por el rendimiento de su patrimonio y otro tipo de actividades determinando topes en cada uno de los casos, eliminando la figura de aportes anónimos y estableciendo prohibiciones de quienes no pueden ser aportantes en las campañas electorales.

“Queremos afirmar que si bien no tenemos el mismo temperamento en la mayoría del bloque, no hemos logrado unanimidad, la mayoría de los miembros de este bloque niega terminantemente que haya aportes privados en las campañas electorales, porque el texto no es claro y va a permitir capacidad de lobby porque entendemos que la garantía de la democracia es una responsabilidad del estado de derecho y no de los privados”, fustigó Fresneda.

Los aportes individuales no podrán superar la suma equivalente a cinco veces el salario mínimo, vital y móvil (unos cincuenta mil pesos). Este límite se duplicará para los aportantes partidarios que estén previstos en las Cartas Orgánicas Partidarias referida a los aportes de los afiliados cuando desempeñen cargos públicos electivos o presenten servicios con cargos jerárquicos en la Administración Pública Provincial, Municipal o Comunal. Si el aportante reviste estos cargos pero no está afiliado a ningún partido se lo considerará como tal con solo manifestarlo.

También los candidatos podrán realizar aportes de su propio patrimonio para sus propias campañas electorales con un tope del 0,5% del total permitido para la campaña. A los fines de fijar este límite el proyecto determina que se sumarán a los aportes del candidato los de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuarto grado en el caso de parentesco por naturaleza, técnicas de reproducción humana y adopción y segundo en caso de afinidad. Las personas jurídicas tendrán un tope que no supere el 2% de los gastos permitidos en la campaña.

No podrán efectuarse aportes en efectivo que superen el importe de dos unidades de salario mínimo, vital y móvil (alrededor de $20 mil) que deberán ser depositados por el responsable de la campaña electoral en la Cuenta Única bancaria creada para este fin.

Los controles de los gastos de campaña de los partidos políticos se profundizarán a través de distintos mecanismos para garantizar la transparencia. La ley anterior en esta materia indicaba que el Tribunal Electoral “podía” auditar los gastos de campaña, con esta nueva modificación ahora será una obligación.

Prohibiciones

Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones o donaciones provenientes de personas anónimas; entidades centralizadas o descentralizadas nacionales, provinciales  municipales; empresas contratistas de servicios u obras públicas de cualquiera de los estamentos estatales; personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar; extranjeros sin residencia o domicilio en el país; personas obligadas a realizar contribuciones por sus superiores jerárquicos o empleadores; personas condenadas por delitos de lesa humanidad, contra la administración pública, trata de personas y narcotráfico.

Las campañas políticos en los medios de comunicación comenzarán treinta días inmediatos anteriores a la fecha prevista para la elección que será anunciada por el gobernador Juan Schiaretti como máximo el 1 de marzo del año que viene.

Además quedará prohibida a realización de actos inaugurales de obras públicas y el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo, durante los quince días anteriores a la fecha de los comicios

Sanciones al clientelismo político

A partir de la próxima campaña electoral entrará en vigencia un Régimen de Infracciones que incluye por primera vez al clientelismo político prohibiendo la distribución gratuita de bienes o servicios provistos por el estado nacional o provincial con el objeto de promocionar a un partido o a los candidatos. De igual manera se prohíbe la solicitud y el ofrecimiento de votos a cambio de una contraprestación de dinero, dádiva o regalo con penas que van de dos a veinte salarios mínimo vital y móvil hasta la inhabilitación del candidato para ejercer cargos públicos por un mínimo de seis meses y un máximo de diez años.

Dobles candidaturas

UPC modificó la ley 8102 (Orgánica de Municipios y Comunas) y el Código Electoral Provincial. La primera rige las condiciones de los procesos electorales en los municipios que no estén facultados a dictar su carta orgánica, o a pesar de estarlo todavía no la proclamaron y a todas las comunas.

Luego de la modificación de la Constitución Provincial en 1987, y dictada esta ley en 1991, se sancionaron 23 Cartas Orgánicas, 13 en 1995; en 1996 sólo 4, Arroyito en 1998 y Alta Gracia en 1999. En el año 2004 Marcos Juárez, en 2007 Villa Carlos Paz y Río Tercero, y en 2008 Colonia Caroya.

Según el Censo Nacional de población del año 2010, se encontraban en condiciones de dictar sus Cartas Orgánicas otros 24 municipios, que habían alcanzado y/o superado la cantidad de habitantes requerida para ser consideradas ciudad. Ergo, alrededor de cuatrocientos municipios y comunas se rigen por esta ley.

En este sentido se realizó un agregado al artículo 14 de la ley para igualar las condiciones en la prohibición de las sumatorias de candidaturas en más de un partido político o alianza con las del artículo 50 del Código Electoral Provincial.  Este artículo de la ley 8102 es el que permite que el candidato a intendente pueda ser, en caso de no resultar electo, el primer concejal de la lista.

Esta doble candidatura que rigió en la provincia hasta las elecciones de 2007, fue eliminada cuando se reformó en diciembre de 2008, el Código Electoral Provincial para evitar que quienes se postulaban a gobernador terminaran accediendo a una banca en la Unicameral. Fue una de las recomendaciones de la Comisión Consultiva de Expertos quiénes elaboraron un diagnóstico y propuestas de reformas político-electoral tras el escándalo de los comicios del año 2007 en los que Luis Juez denunció un fraude.

“Lamentablemente hay fuerzas que hoy no nos acompañan, pero acá tengo un proyecto de 2007 de Dante Rossi que estuvo en la foto de la conferencia de ayer de Cambiemos donde avanzaba mucho más y establecía las dobles candidaturas, algunas incoherencias que muestran porque hoy no nos acompañan” aseguró Julián López, legislador de UPC y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

De esta forma se modificó el Código Electoral para permitir una cuádruple candidatura: Los postulantes a gobernador y a vice que no resulten electos, podrán acceder al parlamento provincial con un cambio respecto del texto original, estarán habilitados optativamente para ser los dos primeros legisladores de la lista por distrito único, la evolución de la lista sábana o en cualquiera de los lugares de la lista que el partido considere

Los tres proyectos de reforma electoral fueron sancionados con los votos del bloque del oficialismo, de la legisladora Vilma Chiapelo, Franco Saillén y Martín Fresneda del bloque kirchnerista Córdoba Podemos quienes acompañaron el financiamiento de las campañas electorales y las dobles candidaturas y cosecharon el rechazo de miembros de esta misma fuerza junto con los votos negativos de Encuentro Vecinal Córdoba y el Frente de Izquierda y los Trabajadores.