Redacción La NUEVA Mañana
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceleró los tiempos para resolver el conflicto judicial por la derogación de la Ley de Tierras Rurales, una normativa que establecía límites a la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros. El tribunal convocó a dos conjueces para avanzar con una causa que cuestiona la constitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Los magistrados designados son Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. La Corte dispuso, además, que las partes tendrán apenas 24 horas para cuestionar la integración del tribunal, con el argumento de que existen circunstancias particulares que justifican acortar los plazos procesales.
La intervención de los conjueces se produjo después de que los tres integrantes de la Corte no alcanzaran un acuerdo unánime sobre la validez de la derogación. El expediente fue impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, que sostiene que la medida del Gobierno nacional vulnera la protección del ambiente, los recursos naturales y los derechos colectivos de los pueblos originarios.
La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales en el país. Su derogación mediante el DNU 70/2023 abrió un debate sobre la protección del territorio nacional y las consecuencias de flexibilizar las condiciones para que personas y empresas extranjeras adquieran propiedades rurales.
La definición judicial llega después de que la Corte rechazara una demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) por considerar que la organización no tenía legitimación suficiente para promover ese reclamo. En aquella resolución, el máximo tribunal se justificó diciendo que no estaba evaluando la constitucionalidad del artículo que derogó la ley.
Ahora, el expediente impulsado por Árbol de Pie vuelve a poner en discusión el alcance de la medida del Ejecutivo. Una eventual decisión favorable al planteo cautelar podría restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros, mientras que el resultado también tendrá implicancias para el debate político y legislativo sobre la soberanía territorial y la protección de los bienes naturales.
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