Bahía Luz De Palma
Este domingo, la abogada Daniela Morales Leanza, quien intervino en causas vinculadas a violencias de género defendiendo a familiares de mujeres asesinadas o a víctimas de abusos sexuales, fue amenazada de muerte. La letrada expuso que comenzó a recibir mensajes intimidatorios en la mañana de este sábado y pidió medidas de protección para ella y su familia.
Morales Leanza comentó a La Nueva Mañana que radicó la denuncia en la Unidad Judicial 16 y, en primero momento intervino la fiscalía de turno, a cargo de Iván Rodríguez. El lunes el expediente pasó a manos del fiscal Matías Busquets.
El Ministerio de Seguridad le asignó una consiga policial en su vivienda y la denunciante solicitó una custodia personal, para garantizar su integridad y la de su hijo fuera de su casa. "Yo salgó a trabajar y mí hijo también tiene su vida", explicó y detalló que el fiscal lo está analizando.
"Empecé a recibir amenazas de muerte vía WhatsApp, a mi teléfono personal. Mencionan a Anahí Bulnes y Camila Merlo -dos víctimas de femicidio-, dicen que se van a encargar de que yo las acompañe. Hablan también de una muerte por encargo", detalló la defensora en diálogo con este medio.
Después le siguieron otros textos similares, con referencias explícitas a su muerte. En un momento, ante la consulta de si pretendían asesinarla, le llegó como respuesta: "Voy a disfrutar de ver cómo te matan".
Los mensajes refieren a la actividad profesional de Morales Leanza, quien acompañó a la familia Bulnes en la causa que derivó en la condena a prisión perpetua contra Santiago Campos Matos, y actualmente representa a la familia de Camila Merlo, la joven que fue asesinada el año pasado, por cuyo crimen es investigado Mateo David Riveros Meza.
En ese sentido, aclaró: "El contexto en el que me encuentro es de gravedad, porque tiene que ver con el ejercicio de mí profesión". Y reflexionó: "Amedrentar a cualquier abogado es limitar el acceso de las víctimas a una asesoría legal y esa es la gravedad institucional".
La abogada es reconocida por trabajar con perspectiva de género en el derecho penal y reclamar que la Justicia intervenga de igual manera.
"No me voy a callar. Quiero que identifiquen al responsable", manifestó la defensora al cierre de la conversación.
Asimismo, agradeció al Colegio de Abogados, al Ministerio Público Fiscal y a los funcionarios del Gobierno de Córdoba que se pusieron a disposición tras enterarse de la situación.
