Redacción La Nueva Mañana
El gobernador Martín Llaryora salió al cruce del proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno de Javier Milei y rechazó las modificaciones previstas para las políticas de discapacidad. A través de sus redes sociales, sostuvo que para Córdoba “los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables” y aseguró que la Provincia no acompañará medidas que impliquen un recorte de derechos.
“En nuestra provincia, la discapacidad es una prioridad. No es beneficencia ni caridad”, expresó Llaryora. En esa línea, planteó que las prestaciones, los traslados y las terapias deben garantizarse sin que su acceso dependa de la condición social de las personas ni del lugar de la provincia donde vivan.
El gobernador también dirigió su mensaje a los diputados y senadores nacionales por Córdoba y al Congreso en general. Les pidió que no acompañen el capítulo del Presupuesto que modifica la legislación vigente en materia de discapacidad, al considerar que las medidas pueden afectar el funcionamiento del sistema de prestaciones.
Llaryora aseguró además que Córdoba continuará trabajando junto a casi 350 organizaciones y los gobiernos locales para sostener la red de atención e inclusión. Según planteó, ese esfuerzo resulta insuficiente si el Estado nacional reduce su participación y responsabilidades en el área. En ese sentido, advirtió que esa situación podría llevar al sistema a un “colapso prestacional”.
El posicionamiento se da en medio de la discusión por el Presupuesto 2027, que contempla modificaciones sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre los cambios cuestionados se encuentran modificaciones al sistema de actualización de aranceles, al nomenclador de prestaciones y a las condiciones vinculadas con las pensiones no contributivas. El capítulo generó críticas de organizaciones del sector y abrió negociaciones en el Congreso.
Para Llaryora, el debate excede una cuestión presupuestaria. “Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, sostuvo, y remarcó la necesidad de mantener políticas que permitan garantizar la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad.
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