Redacción La Nueva Mañana
En una reunión plenaria de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados, convocada para debatir el pedido de diversos bloques opositores para que se prorrogue la Ley de Emergencia en Discapacidad, oradores de distintos puntos del país cuestionaron este miércoles los incumplimientos de la gestión de Javier Milei y denunciaron que el proyecto de Presupuesto 2027, recientemente enviado por el Ejecutivo, dispone nuevos recortes para el sector.
El plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto se reunió a modo informativo, en cumplimiento del emplazamiento votado la semana pasada en el recinto, a instancias de una iniciativa de la oposición, y reanudará su tarea el miércoles próximo al mediodía con el mandato de dictaminar las distintas propuestas.
Diputados de diversos bloques tomaron la palabra y también transportistas, prestadores, funcionarios de entes públicos y representantes de instituciones de todo el país, que trabajan con el sector de la discapacidad.
En su mayoría se escucharon descarnadas críticas a los incumplimientos del Gobierno respecto de la Ley de Emergencia y al proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo, que prevé recortes en el sector.
El debate arrancó con una alarmante reflexión del diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino, vicepresidente de la comisión de Discapacidad, quien señaló que al margen del debate por prorrogar la ley de emergencia, “el envío del presupuesto a esta cámara de Diputados ayer generó un nuevo contexto a esta discusión”.
En su alocución, acusó al Poder Ejecutivo Nacional de querer “destruir la ley de emergencia en discapacidad y desmantelar el sistema de derechos para personas con discapacidad que se ha construido a nivel nacional”, asegurando que el presupuesto 2027 “explícitamente deroga numerosos artículos de la ley de emergencia”.
Marino continuó explicando que esta derogación incluye el “estudio de costos”, vital para los prestadores, y puso como ejemplo que el arancel para los transportistas está actualmente en 900 pesos por kilómetro cuando -de acuerdo a una estimación realizada por la cámara que agrupa al sector- el costo para que el servicio funcione es de 1600 pesos por kilómetro recorrido, “es decir, un 80% más”.
Además, criticó la regresión en el sistema de pensiones no contributivas que se había establecido en la ley de emergencia para respaldar a las personas con discapacidad, y denunció que con la derogación de artículos en el Presupuesto se busca “volver a un esquema de invalidez laboral donde, si una persona con discapacidad consigue un trabajo registrado de unas pocas horas, ya le quitan la pensión”.
Efectivamente, la ley de emergencia en Discapacidad vigente establece la compatibilidad entre tener un empleo registrado con ingresos de hasta dos salarios mínimos y tener una pensión no contributiva por discapacidad. “Venimos de un problema de restricción al ingreso a la pensión. Esto lo agrava profundamente”, advirtió Marino.
El diputado también se mostró preocupado por la decisión plasmada en el proyecto de Presupuesto de eliminar el nomenclador único a nivel nacional, lo que llevará a que los prestadores tengan que negociar de manera individual los aranceles con cada prepaga y cada obra social. Alertó que con esta reforma planteada por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto, se termina con la homogeneidad de los aranceles y cada prepaga, obra social o provincia podrá definir valores diferenciados, generando una fragmentación del sistema.
Marino advirtió por otra parte que con la derogación de artículos de la ley de emergencia en Discapacidad se busca que “ya no haya más una actualización automática mensual por la inflación, sino una actualización trimestral que queda a discreción” de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).
Según su postura, esto generará “una fragmentación y una destrucción del sistema tal cual existe”, cuyo resultado inmediato será que profesionales de la salud y terapeutas no puedan seguir atendiendo a los pacientes.
En esa misma línea, remarcó las consecuencias directas sobre las familias al señalar que “las personas con discapacidad se quedarán sin su transporte, sin su terapia, sin su centro de día, sin su centro educativo”.
De acuerdo con Marino, el esquema planteado provocará una profunda inequidad donde las personas con discapacidad quedarán “libradas a su propia suerte”, donde “el que tenga dinero podrá pagar y el que no tenga dinero se quedará sin sus derechos”.
El líder del Partido Piquetero aclaró que mantener la emergencia prorrogada solo busca “que el Estado nacional tenga las herramientas administrativas para resolver rápidamente todos los trámites necesarios para cumplir con la ley y con los fallos judiciales”.
Finalmente, cuestionó que no se encuentre contemplado en el proyecto de Presupuesto “el pago de las compensaciones” para los prestadores del sector con quienes el Estado acumula atrasos.
Por su parte, la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici contrarrestó las acusaciones, afirmando que no es cierto que la ejecución presupuestaria de la ley de discapacidad esté en un 15%.
Según ella, la nueva reglamentación hecha por el COFEDIS (Consejo Federal de Discapacidad), que incluye a todos los ministros de salud del país y al secretario de Discapacidad, “es a favor de los derechos de las personas con discapacidad”, resaltando que “más de 150 mil pensiones fueron tramitadas y pagadas desde la SENADIS”.
Giudici también expresó la intención de su bloque de “lograr un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelva permanentes estos beneficios”.
Un rato más tarde, el diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) señaló que desde el Gobierno “han roto toda hipótesis de solución para tratar a las personas con discapacidad en la Argentina”, afectando por igual a “los particulares damnificados, de los prestadores y de las familias”.
En consonancia, el diputado nacional de Argentina Federal y ex gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad alertó que “el Presupuesto nacional sentencia a la desaparición de los derechos de personas con discapacidad” y reclamó “que el dictamen que salga de esta comisión sea el mandante de lo que establece el presupuesto de la República Argentina”.
Por su parte, Nicolás del Caño (Frente de izquierda) denunció que el proyecto de Presupuesto “demuestra una saña total del Gobierno hacia el sector de discapacidad porque la lógica del gobierno es el equilibrio fiscal a costa de la gente”.
“Para que le cierren los números ajustan al sector de la discapacidad. Eso no podemos permitirlo”, planteó.
Finalmente, Esteban Paulón (Provincias Unidas) hizo un llamado al conjunto de la Cámara para “asumir el compromiso de que todos estos artículos de la ley del Presupuesto sean eliminados”.
A su entender, la ruptura del sistema de nomenclador único supone “la desarticulacion del sistema y el aumento de las desigualdades” porque pone a cada prestador a negociar los valores de los aranceles en condiciones de total “asimetría”.
Sabrina Selva (Unión por la Patria) sostuvo que el sector de discapacidad ya viene golpeado por la política del actual Gobierno y denunció que el proyecto de Presupuesto 2027 del Poder Ejecutivo “viene a terminar de hacer pelota el sistema”.
“Nosotros no lo vamos a permitir y veremos a quiénes de ustedes les da la cara”, concluyó la bonaerense.
Para finalizar, Romina del Plá (Frente de Izquierda) habló de “un ataque brutal a la población en el proyecto de presupuesto”.
“Nosotros vamos a acompañar las denuncias y reclamos de la población afectada por esta barbarie”, anunció la dirigente del Partido Obrero.
“La situación es muy extrema. Hay 90 mil pedidos de personas con discapacidad que necesitan acceder a las pensiones y tan solo se han resuelto 10 mil. Hay 80 mil personas que están completamente en el limbo. Si a eso se suma el problema de las prestaciones, la situación es desesperante”, lamentó.
Fuente: NA
Noticias relacionadas:
