Bahía Luz De Palma
El juicio por el crimen vial de Altas Cumbres avanza con el debate por la demanda civil iniciada contra el exlegislador Oscar González y el Estado provincial. La querella presentó ante el juez Santiago Camogli los montos que esperan recibir las víctimas del choque ocurrido en octubre de 2022, en donde falleció Alejandra Bengoa y su hija y otra chica quedaron gravemente heridas.
El abogado Emiliano Binante, quien representa a las familias perjudicadas, explicó en diálogo con La Nueva Mañana que el resarcimiento económico es solicitado por las dos adolescentes que padecieron el impacto, Alexa Miranda y Marina Szulewicz, y la hermana de esta última, Vera, quien se ocupó de los cuidados tras el fallecimiento de su madre en el accidente.
Para el representante, en el juicio quedó demostrado que las dos jóvenes que vivieron el choque atravesaron una larga recuperación para seguir con vida, que requirió numerosos tratamientos médicos. Además, las tres damnificadas permanecen con secuelas en su salud mental. En ese marco, aclaró que la compensación económica está vinculada a garantizarles una vida digna, teniendo en cuenta las limitaciones que les provocó la colisión.
En ese sentido, dijo que el recurso alcanza al Estado cordobés porque el BMW XI que conducía González era un vehículo oficial que le entregó la Legislatura cuando presidía ese órgano.
Respecto a los montos, Binante detalló que por Alexa, teniendo en cuenta sus necesidades, como el acceso a una silla de ruedas adecuada y el acompañamiento diario de un profesional, el requerimiento asciende a los $10 mil millones.
En el caso de Marina la suma llega a los mil millones de pesos y por Vera son $374 millones.
Sobre el calculo, el abogado comentó que intentó "ser lo más prudente posible". En ese sentido amplió: "Si la profesional decía que un especialista en trauma está cobrando entre 80 y 100 mil pesos por sesión, tomamos un punto medio".
Asimismo, destacó que "lo que hace tan grande el número es el tratamiento de Alexa, del cual se viene haciendo cargo el Estado". La joven quedó imposibilitada de caminar.
El juez Santiago Camogli de la Cámara Crimina y Correccional de Villa Dolores debe decidir, por un lado, la responsabilidad penal del exfuncionario acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, y, por otro, la acción legar civil. Las audiencias se retoman el 28 de septiembre con los alegatos de la defensa de González.
El martes pasado, la fiscal Analía Gallarato presentó sus fundamentos, defendió la acusación y pidió solo tres años y 10 meses de prisión para el acusado. La representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que el entonces legislador realizó una maniobra antirreglamentaria hacia la izquierda e invadió el carril contrario, provocando el colapso.
En ese marco, destacó que el exfuncionario “podría haber evitado el choque volviendo a su calzada” pero “no tenía control de su vehículo porque venía en un exceso de velocidad”.
En la verdad opuesta, la querella solicitó el cambio de carátula para dar paso a la imputación por homicidio simple con dolo eventual, lesiones graves y gravísimas, exigiendo 10 años de cárcel efectiva. Entendiendo que González podría "prever la provocación de una tragedia" por sus antecedentes y por los sistemáticos incumplimientos a las normas de seguridad vial. Además de denunciar que el funcionario "anteponía sus deseos sobre la vida de las demás personas".
La decisión queda en manos del magistrado.
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