Facundo Piai
El ultimo relevamiento realizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC) arroja que las fábricas cordobesas están en sintonía con la crítica situación de la industria nacional. Sólo un 15% de las empresas consultadas en el relevamiento tienen un mejor semestre en relación al año pasado. La mayoría, el 43%, tuvo un semestre recesivo en comparación con lo ocurrido en el 2025, mientras que el resto se mantuvo igual. Es decir, el 85% tiene performance amesetada o está en contracción.
Por su parte, la producción de las pymes industriales argentinas medida por Came cayó 4% en julio y acumula un desplome de -9,4% en los primeros siete meses del año. Los sectores que acumulan caídas más pronunciadas en lo que va del año son la petroquímica y alimentos. Desde junio del año pasado que la actividad se contrae, según los relevamientos interanuales de Came, habiendo 14 meses consecutivos con valor en negativo.
En este contexto negativo para la actividad manufacturera se celebró el Día de la Industria, que cosechó duras críticas a la política económica de parte de las autoridades de la Unión Industrial de Argentina. Martín Rappallini, titular de la UIA, expresó que "la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación" y exigió prestar atención al nivel de actividad y consumo. Asimismo, pidió soluciones para la presión impositiva, el costo de endeudamiento y atraso cambiario.
Quien tuvo una confrontación más fuerte contra el gobierno nacional por la falta de un diseño de política económica que favorezca a la producción manufacturera fue el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti. El referente industrial santafesino criticó la política económica y defenestró al gobierno al enfatizar que "no conocen el país ni lo que es una industria". Además, lanzó apreciaciones lapidarias contra el ministro de Economía al señalar que están manejados por "un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno".
Si bien el presidente de la UIA luego se diferenció de las duras apreciaciones de su par santafesino, al explicar que “no estamos en contra” y solo promueven “una agenda industrial”, lo cierto es que la relación entre gobierno e industria se tensó. Hoy es muy diferente a los tiempos de Daniel Funes de Rioja, abogado especialista en derecho laboral y empresarial, cuyo estudio participó activamente en el diseño de la Ley Bases impulsada por el gobierno.
Por su parte, el referente de los industriales de Córdoba, José Manuali, comentó a LNM que no comparte “la manera, la forma, de romper los canales” de Moretti porque “no lleva a nada”. Contrariamente, el gerente general de la autopartista Pertrak, suscribe a la postura del presidente de la UIA. No hay objeciones en la búsqueda de “ordenar la macro y estabilización de variables”, pero hay que “trabajar sobre una agenda de competitividad y productividad para poder nivelar la cancha” en este escenario aperturista.
Sobre los problemas del sector, Manuali destacó a la depresión de la demanda como una dificultad extendida de la cual no escapan ni las empresas más grandes. Además, la performance industrial también se ve afectada por “el costo financiero y la presión impositiva. En un contexto en donde el consumo cae y siguen subiendo el costo de los servicios y la energía”. El combo se complejiza más para las empresas consecuencia de la competencia de productos importados, de modo tal que, en un contexto en donde cuesta vender, se están afectando los márgenes de ganancia.
Para el empresario autopartista la clave está en la competitividad y productividad para que tanto las empresas mercadointernistas no pierdan ventas y las exportadoras mercados afuera. En efecto, para ganar productividad incorporando tecnología necesitan accesibilidad al crédito, menor estructura de costos y más infraestructura para mejorar la competitividad.
Los datos que evidencian los reportes tanto oficiales como privados y la realidad que describen los empresarios industriales da cuenta que, de no haber una política productiva, la industria continuará destruyendo empleo registrado. Asimismo, sin una política integral es difícil que el gobierno logre reactivar el consumo de la mano de una recomposición del ingreso. Porque hoy, los salarios pierden poder de compra, pero a las empresas les cuesta pagarlos.
