Redacción La Nueva Mañana
Un colectivo feminista del norte de la provincia se hizo eco de la causa por explotación y abuso sexual en Villa María del Río Seco que ya suma 15 detenidos. El caso está en manos de la fiscal Analía Cepede y develó una serie de agresiones en perjuicio de cuatro niñas y adolescentes, de entre 12 y 16 años.
"Exigimos que se investigue a todos los detenidos y a sus cómplices", expresaron desde la agrupación Mujeres del Norte Cordobés. Además, reclamaron la implementación de políticas públicas para defender a infancias y adolescencias.
Hasta ahora, pesan acusaciones sobre una quincena de hombres con distintos grados de participación, entre ellos el exasesor del bloque oficialista de la Legislatura José Aníbal Ricardo Villarreal.
"Estremecen a cada minuto los detalles que se van conociendo de los hechos", se extendió el colectivo en un comunicado.
En ese sentido, el espacio repasó que los imputados "se aprovecharon de las condiciones de vulnerabilidad de las adolescentes" y sostuvo la denuncia contra un agente de la Policía que fue recientemente aprehendido y el asesor político del legislador Ernesto Ramón Flores, perteneciente a Hacemos Unidos por Córdoba.
"Villarreal quien se encontraba ocupando con absoluta impunidad un cargo de asesor legislativo teniendo denuncias de abuso sexual en su contra", apuntó.
"Se responsabiliza a niñas, a sus madres, a personal de salud, perdiendo el foco del gravísimo problema que aún existe en nuestra provincia pero mucho más en el interior, de naturalizar las prácticas de uso y abuso sobre nuestros cuerpos, mucho más si somos niñas, adolescentes y pobres y la obscena impunidad y silencio que se gesta alrededor", detallaron las personas que integran la organización.
También solicitaron que "se asegure que quienes ejercen violencia y quienes la facilitan o encubren respondan ante la Justicia".
"Esta no es una discusión si los chips si o no", detalló el colectivo, refiriéndose al debate público que se dio después de que la fiscal Cepede difundiera que algunas de las víctimas utilizaban el método anticonceptivo.
En ese marco, expusieron: "Las adolescentes tienen la posibilidad legal de solicitar la colocación de un implante y solo es posible una decisión libre con información asertiva y seguimiento profesional".
Asimismo, denunció el retroceso en materia de políticas públicas abocadas al conocimiento y el cuidado del cuerpo, como la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Reflexionando que para "transformar realmente estas situaciones" es prioritaria la "implementación de políticas públicas de cuidado y salud integral hacia las mujeres, adolescentes e infancias".
"Estas políticas deben implementarse de manera sostenida para que garanticen derechos, autonomía, información y protección; que permitan que niñas, niños y adolescentes puedan reconocer situaciones de abuso, pedir ayuda y ser escuchados/as", reforzó.
Ante una situación de violencia o abuso sexual contra las infancias no dudes en llamar y denunciar al 0800-222-1717 o dirigirte a la Unidad Judicial de Delitos Contra la Integridad Sexual, en el Polo de la Mujer, en la ciudad de Córdoba.
Noticia relacionada:
