Redacción La NUEVA Mañana
El legislador provincial Ernesto Ramón Flores, representante del departamento Río Seco por Hacemos Unidos por Córdoba, pidió licencia en su banca luego de que uno de sus asesores fuera detenido e imputado en una investigación por grooming, abuso sexual y explotación sexual de menores en el norte cordobés.
La decisión fue comunicada este miércoles y se produce en medio de los cuestionamientos políticos por el vínculo entre el legislador y el acusado.
El detenido es José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba como personal contratado de la Legislatura y estaba vinculado al despacho de Flores. La causa se tramita en Villa de María del Río Seco y está a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede. La investigación comenzó a partir de denuncias por delitos contra la integridad sexual de adolescentes de 13 y 14 años y ya acumula 11 personas detenidas.
El legislador quedó bajo presión política en los últimos días a raíz de la detención de Villarreal y de los pedidos de la oposición para que se apartara de su cargo.
Frente a la repercusión del caso, Flores sostuvo que decidió solicitar la licencia para permitir que la investigación avance “con absoluta libertad y sin interferencias”. Al mismo tiempo, afirmó que no está involucrado en ninguno de los hechos que son investigados.
El caso también puso bajo la lupa el vínculo laboral del detenido con el Poder Legislativo. Villarreal aparecía en la nómina oficial de personal contratado de la Unicameral y cumplía tareas de asistencia territorial en el norte provincial. Además, trascendió que realizaba trabajos particulares vinculados a actividades de Flores.
La situación generó pedidos de la oposición para conocer desde cuándo estaba contratado, qué funciones cumplía y qué controles se realizaron antes de su incorporación.
La causa judicial continúa en etapa de investigación y la Justicia busca determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los detenidos. Mientras tanto, el pedido de licencia de Flores abre un nuevo capítulo político en la Legislatura cordobesa, donde la oposición había reclamado su apartamiento y cuestionado los mecanismos de control sobre las personas que ingresan como asesores o contratados del Poder Legislativo.
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