Redacción La Nueva Mañana
Este jueves la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales de la Legislatura comenzó el tratamiento de un proyecto de ley que establece un régimen de simplificación contable destinado a asociaciones civiles y fundaciones de reducida escala económica.
El proyecto, que lleva el número 46.588 y es impulsado por el presidente de la comisión, Matías Chamorro, tiene por objetivo facilitar la regularización de las asociaciones civiles de la provincia mediante un procedimiento más sencillo y económico.
En los fundamentos de la iniciativa, se plantea que actualmente el 88% de estas entidades se encuentra fuera de regla, principalmente por tener balances vencidos; y alertan que se trata en muchos casos de organizaciones que cumplen una importante función social, como merenderos, bibliotecas, clubes y cuarteles de bomberos, que deben afrontar exigencias similares a las de grandes empresas.
Explicaron oficialmente que en Córdoba existen 10.655 entidades y más de 3.000 fundaciones, con la informalidad como denominador común.
En ese marco, la propuesta plantea un esquema simplificado de rendición de cuentas contable e informativa, con un adecuado nivel de control y fiscalización, que permita a las organizaciones ponerse al día. También contempla la regularización de balances de períodos anteriores y acuerdos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Asimismo, el proyecto presentado exime de la obligación de llevar contabilidad a las asociaciones civiles y fundaciones de la provincia de Córdoba que, por el volumen de su giro, no superen los límites y parámetros objetivos que establezca la reglamentación.
El régimen simplificado estipula que las entidades deberán llevar un registro de ingresos y egresos, consignando la fecha, el concepto y el importe de cada operación; conservar la documentación respaldatoria de sus operaciones por el plazo de ley; cumplimentar la documentación y planillas informativas que establezca la autoridad de aplicación; y poner la información a disposición de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas o de cualquier otro organismo competente cuando fuere requerida en ejercicio de sus facultades legales.
Durante el tratamiento de la iniciativa, estuvieron presentes Pablo Mina y María Laura Román, director general y subdirectora, respectivamente, de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ); Teresita Bersano, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE); Germán Rossi, presidente de la Comisión Asesora de Entidades de la Economía Social y Solidaria del CPCE; y Jorge Lucero, gerente técnico de la misma institución.
La comisión recibió aportes y preguntas de legisladores de los distintos bloques, quienes valoraron positivamente la iniciativa y comprometieron su acompañamiento para que avance con la mayor celeridad posible. Asimismo, se prevé una próxima reunión para incorporar las observaciones y propuestas de las distintas entidades involucradas.
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