Redacción La Nueva Mañana
La Fiscalía de México informó la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre acusado de desaparición forzada y de ocultar evidencias en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un suceso que estremeció al país y que aún no está esclarecido.
Estos alumnos de una escuela para maestros desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 mientras se trasladaban en autobuses por Guerrero rumbo a una movilización en Ciudad de México.
Aunque decenas de personas fueron procesadas, no hay condenados y no se conoce el paradero de la mayoría de los cuerpos; hasta ahora se hallaron los restos de apenas tres estudiantes.
Aguirre era gobernador de Guerrero cuando ocurrieron las desapariciones, recordó el sitio DW. La fiscal general, Ernestina Godoy, dijo en un video que Aguirre fue detenido por los delitos de contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, sin aportar más detalles sobre esta última acusación.
“Trabajamos incansablemente para llegar a la verdad de los hechos, a fin de conocer el paradero de los 43 estudiantes y llevar ante la Justicia a todas las personas que tuvieron participación en estos repudiables hechos”, afirmó Godoy.
Aguirre, hoy de 70 años, solicitó licencia en octubre de 2014 y dejó el cargo antes de terminar su mandato; desde entonces permaneció alejado de la vida política.
Se trata de uno de los funcionarios de mayor rango procesados por el caso, junto con el exfiscal general Jesús Murillo Karam, quien enfrenta proceso por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.
El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) impulsó una primera investigación que concluyó que los cuerpos de los jóvenes habían sido incinerados y sus cenizas arrojadas a un río en Guerrero.
Sin embargo, su sucesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ordenó una nueva investigación, calificando el caso como un crimen de Estado.
Ambas indagatorias coinciden en que los estudiantes fueron atacados por un grupo criminal coludido con policías locales.
El caso Ayotzinapa es ahora una deuda para el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien afirmó que su objetivo es la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes.
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, desaparecieron a manos de elementos de seguridad locales, estatales y militares. Otras seis personas murieron en los enfrentamientos.
En una primera versión, conocida como la “verdad histórica”, la Procuraduría General de la República determinó que policías locales habían asesinado a los estudiantes en colusión con el crimen organizado, sin participación de militares.
Más tarde, las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes contradicieron la “verdad histórica”.
“En el caso Ayotzinapa, uno de los obstáculos más persistentes ha sido la negativa de la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional) de entregar toda la información con la que cuenta”, explica Stephanie Brewer, de WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), quien insiste en que las violaciones de derechos humanos deben ser investigadas por autoridades civiles, no militares, por ejemplo, las ejecuciones arbitrarias.
“Otro paso esencial es establecer verdaderos controles civiles sobre la actuación de las Fuerzas Armadas”, señala la experta en derechos humanos.
Fuente: NA
