En los últimos días, Desdelsur S.A. comenzó a deforestar con maquinaria pesada sobre la cuenca del río Itiyuro, en la provincia de Salta. Esta zona, que viene siendo devastada desde hace décadas, tiene una particular importancia ecológica y social dentro del Chaco Seco.
Por ser parte de esa cuenca hídrica endorreica (que no desemboca al mar), la zona alberga una alta y delicada biodiversidad, marcada por grandes árboles como quebrachos blancos y colorados, cebiles y algarrobos. Es, además, el territorio ancestral y actual de muchas comunidades indígenas, concretamente, de algunas de las comunidades wichís más afectadas por la crisis socioambiental que causa la expansión de la frontera agropecuaria.
Desdelsur, de las familias Macera y Blaquier, es la principal productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina. Fundada en 1986 sobre tierras indígenas, tiene su centro de operaciones en Tartagal y General Mosconi. Además de liderar la producción de poroto, garbanzo, maní y otros granos que exporta a más de 70 países, Desdelsur es un referente en la producción –según la empresa, “sustentable”– de novillos para la Unión Europea, con un rodeo de unas 60.000 cabezas.
La firma opera sobre un total de 52.000 hectáreas de titularidad registral. Sobradas pruebas históricas permiten afirmar que esas tierras forman parte del territorio ancestral Zlaqatahyi, compartido por más de una decena de comunidades wichís del Chaco salteño.
Una de esas pruebas es la abundancia de nombres (topónimos) tradicionales wichís para distintos lugares del predio que la empresa se adjudica. Otra es el uso tradicional y el profundo conocimiento que tienen los indígenas del territorio en cuestión, de sus accidentes geográficos, sus aguadas, sus senderos, sus árboles y otras particularidades ecosistémicas.
Los trabajos de desmonte en cuestión se activaron alrededor del pasado lunes 27 de julio, en inmediaciones de las viviendas de las comunidades wichís Alcoba (Pinhetes en wichí) y Cañitas, y en los bordes de las tierras comunitarias de la comunidad Km 18 (Hoktek T’oi), Tonono (Holota) y Pacará (Qanohitaj), a las que se accede por la ruta provincial 86.
Con cuatro topadoras, Desdelsur abrió “picadas” de desmonte (son caminos rectos de hasta 8 m de ancho, la primera fase de deforestaciones masivas) en un predio estimado en 3.043 hectáreas y llevó a la zona las gruesas cadenas que se atan entre topadora y topadora para, en la siguiente etapa, arrasar con el bosque que queda en pie entre picada y picada. Las empresas realizan este tipo de “limpieza” durante la época seca para poder quemar inmediatamente los árboles y las plantas tumbados.
Cada vez más lejos del espíritu original de la Ley de Bosque de proteger la diversidad biológica y cultural asociadas a los remanentes forestales de nuestro país, las reglamentaciones vigentes en Salta sostienen que las picadas internas y de deslinde perimetral son “intervenciones menores” y las autorizan de manera automática. Lo cierto es que estas picadas son la antesala encubierta de una deforestación inminente.
Según informa Greenpeace, en los últimos 30 años Desdelsur ya deforestó más de 27.000 hectáreas en Salta y fue reiteradamente denunciada. Aún en el improbable caso de que las picadas abiertas ahora por Desdelsur no terminen con la deforestación de todo el predio, esas franjas deforestadas causan un daño ecológico irreparable, y los alambrados con los que la empresa encierra “sus” campos deja a las comunidades wichís afectadas en una situación insostenible.
Para estas comunidades indígenas y para el derecho, la destrucción del bosque de la que estamos hablando es ilegítima e ilegal, entre otras cosas, porque viola los derechos territoriales ancestrales reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales a las que ésta adhiere, así como el espíritu de la Ley de Bosques; y también porque muchas de las comunidades afectadas no fueron consultadas previamente en audiencia pública.
No obstante, según informan las propias comunidades, la empresa hizo y está haciendo firmar papeles a líderes indígenas locales a cambio de promesas de unos puestos de trabajo jornalero, un par de motos, un pozo de agua y alimentos. Al buscar este colaboracionismo, la empresa sabe que está generando conflictos al interior de las comunidades y socavando su posible oposición, y pone en evidencia que está actuando de mala fe.
En un gesto cínico, Desdelsur creó y apoya su propia ONG, la Fundación El Fortín, que trabaja precisamente en la zona de conflicto para, supuestamente, apoyar y promover a las comunidades indígenas.
Se trata a la vez de una estrategia de lavado de imagen y un modo de desplazar el conflicto social que genera el propio despojo territorial que causa la empresa hacia una crónica de pobreza y crisis alimentaria indígenas causadas por un presunto déficit cultural y una carencia étnica de emprendedurismo económico.
La deforestación en cuestión es muy grande, pero desgraciadamente no es sorprendente dentro de la política provincial, nacional y macroregional para con los bosques y comunidades indígenas del Gran Chaco sudamericano, otrora el bosque seco más grande de Sudamérica.
En los últimos 15 años, a pesar de los esfuerzos legales y de la oposición de las comunidades, sectores del gobierno y algunas ONG, Salta autorizó y desmontó unas 400.000 hectáreas. Con la nueva reglamentación del 2025, 720.000 hectáreas de la provincia estarían en condiciones de ser legalmente deforestadas.
Diversas fuentes muestran que la deforestación del Gran Chaco tiene consecuencias nefastas no solo para los habitantes locales y de la macrorregión, sino para la ecología del subcontinente e incluso global. Varios indígenas de la zona y vecinos criollos de Tartagal (el centro urbano más cercano) están siendo valientes y tratando de denunciar esta deforestación de Desdelsur y el drama que ocasiona.
No pierden la esperanza de que alguna vez el Estado y los actores civiles del país y más allá comiencen a jugar a favor de los pueblos y la vida, y no de la destrucción codiciosa a manos de los poderes económicos.
Los wichís saben por experiencia propia y reflexión aguda todo lo negativo que este tipo de deforestación implica. Para las comunidades locales, se repiten las consecuencias de siempre: falta de recursos para vivir (animales de caza, frutos, materias primas para hacer artesanías y viviendas, leña para cocinar, medicinas naturales, etc.), emigración de los hombres en busca de trabajo (que ya están yendo al sur de la provincia y a Paraguay a trabajar como cosecheros), más pobreza y hambre, más enfermedades y muertes por las fumigaciones con agroquímicos, más calor en una región cuyas temperaturas absolutas estivales ya superan los 50 °C, ráfagas fortísimas de polvo durante la primavera.
Pero saben, además, que una deforestación de esa magnitud sobre la cuenca del Itiyuro, cubierta de un bosque admirable, a mediano plazo generará necesariamente inundaciones en todas las comunidades wichís y criollas que están hacia el este de la empresa.
Una mujer wichí de unos 40 años, en comunicación con nosotros, se lamentaba de todo esto y agregaba: “En la parte donde ahora están pasando las topadoras, viven cantidad de esos animalitos que llamamos chenhas [tucotuco, género Ctenomys]. Al atardecer salen a comer el pastito tierno que solo crece justamente ahí. En el Chaco ya casi no quedan de esos animalitos. Y ahora mismo las topadoras los están aplastando”.
A nivel global, donde aún hay comunidades indígenas es donde existe mayor resistencia a que se destruyan los bosques nativos. La deforestación es ilegítima y es un delito ambiental porque constituye ya no una amenaza, sino una destrucción efectiva de nuestras propias posibilidades de supervivencia y bienestar colectivos. Es un daño físico, ético y estético a nuestra propia humanidad y a nuestra casa común: la tierra.
Autores de la nota: Rodrigo Montani, María Eugenia Suárez, Marco Flamini y Renata Guagnini.
