Redacción La Nueva Mañana
Este martes, el titular del Ente de Fiscalización, Ezequiel Hormaeche, respondió al pedido de informe que solicitó la oposición en el Concejo Deliberante, en medio del escándalo por las supuestas irregularidades en locales nocturnos de la ciudad.
El esquema de controles quedó en el centro del debate tras la clausura de algunos bares del centro, luego del femicidio de Agostina Vega y la detención y acusación de Soledad Andrani, quien se desempeñaba en Wachitas, espacio ubicado en Nueva Córdoba.
El cuestionamiento a las habilitaciones municipales escaló cuando extrabajadoras denunciaron ante los medios situaciones de trata de personas.
Respecto de este local nocturno, Hormaeche dijo que estuvo "mal habilitado en 2017" y que la actual gestión "le revocó la habilitación a principios del corriente mes, luego de tres clausuras anteriores".
Sin embargo aclaró que ese cierre no estuvo asociado de "ninguna manera a la causa penal abierta por el reciente femicidio de la adolescente", sino debido a que el local "cambió las condiciones edilicias (se derribó una pared) y de actividad", respecto de cómo había sido autorizado a funcionar.
"No recibimos ninguna denuncia. Teníamos agendada una inspección para 15 días más adelante, pero la anticipamos al 2 de junio porque escuchamos el nombre de ese bar en los medios", señaló en la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.
Además del caso Wachitas, la Comisión también evaluó la situación de locales como Malibú y Luzbelito, también clausurados. El primero, tiene habilitación, pero no cumplía condiciones de higiene y seguridad; el segundo, está habilitado como bar, pero si no cumple condiciones exigidas, se le revocará el permiso.
Las concejalas opositoras Graciela Villata y Elisa Caffaratti objetaron que había en ese bar "ilegalidades a la vista de todos y la Municipalidad nunca se enteró" y que la inspección definitiva se realizó con un bache temporal de ocho meses.
En ese punto, el oficialista Nicolás Piloni fue tajante respecto al accionar del organismo estatal: "No se obvió ningún paso administrativo para habilitar ni para revocar el permiso. Se actuó como correspondía. Si alguien conocía algo irregular ¿por qué no lo denunció entonces?".
En la misma línea, Hormaeche defendió al Ente de Fiscalización y Control, creado un año y medio atrás, y recalcó que lleva adelante una "lucha contra mafias" del negocio de la noche.
A su vez, aseguró haber sufrido "innumerables agresiones y amenazas personales y un claro boicot de parte de un sector de empleados municipales, que no aceptaron sumarse a esa nueva estructura".
También recordó que fue la actual gestión quien denunció el negocio de los certificados truchos que derivó en la denominada Causa Bomberos, que actualmente avanza en la Justicia.
En otro pasaje, repasó lo que considera dificultades. "En 2019 se hacían un promedio de 70 operativos por año. Ahora hacemos 700. La ex área de Fiscalización tenía 200 inspectores y 124 becarios; hoy solo somos 138, entre empleados, funcionarios, monotributistas y becarios, de los cuales sólo 50 tienen chapa de inspector", dijo sobre la cantidad de personas que se desenvuelven en el
Y manifestó que los esfuerzos están puestos en "controlar" la venta ambulante, que en los últimos meses aumentó, en medio de un contexto económico desfavorable donde cada vez más personas se quedan sin trabajo. "Ahora tenemos el doble de tarea operativa. Por ejemplo, se cuadruplicó la venta ambulante. Los empleados se resisten a salir a controlar", expresó el funcionario.
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