Redacción La Nueva Mañana
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó a los presidentes de todos los bloques del Senado que incorporen una serie de cambios al proyecto de modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, cuyo tratamiento legislativo se encuentra próximo a debatirse en el Congreso.
El objetivo es atender la crítica situación que atraviesan las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) merced de la fuerte recesión que provocaron las políticas del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo.
El pedido fue elevado luego de que la entidad planteara las mismas propuestas ante el Ministerio de Economía de la Nación la semana pasada. Según argumentó CAME, las modificaciones buscan dar respuesta al incremento de embargos y multas que viene aplicando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre las pequeñas y medianas empresas.
Entre las principales medidas solicitadas por la entidad se encuentra una reducción de multas, de modo que no se apliquen sanciones durante el denominado “Período de Espera” establecido por ARCA. Además, propuso que, si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 15 días posteriores a ese plazo, la multa se reduzca en un 50%, aplicándose la sanción completa únicamente cuando persista el incumplimiento.
Otro de los puntos planteados es la suspensión temporal de ejecuciones fiscales y medidas cautelares, incluidos los embargos, para el sector pyme.
Asimismo, la organización pidió la creación de un plan especial de pagos de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. El régimen abarcaría deudas vencidas al 31 de mayo, además de planes de pago vigentes y caducos.
Desde CAME señalaron que el reclamo se produce en un contexto de consumo deprimido y en medio del debate sobre una eventual reforma tributaria impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, afirmó el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.
