La diputada nacional, Graciela Ocaña, fue denunciada penalmente por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con su condición de funcionaria pública y falsedad maliciosa en la presentación de su declaración jurada del año 2016.
Quien aparece como denunciante es Gustavo Vera, integrante de la organización La Alameda, pero con el patrocinio legal de Daniel Llermanos, histórico abogado del gremio de Camioneros, de estrecha relación con la familia Moyano.
La causa tramita en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini y el fiscal Jorge Di Lello será quien deba investigar el material aportado, que incluye un relevamiento realizado sobre la declaración jurada de la legisladora.
Para Vera, es "sospechoso el patrimonio declarado que alcanza casi los 5 millones de pesos, inmuebles (una mansión en un country, un departamento en Puerto Madero y dos domicilios más, sin incluir los otros cuatro de su marido) y empresas que fijan domicilio en su propia fundación Confianza Pública que lleva el mismo nombre de su partido.
Según la presentación "Ocaña fija domicilio en Puerto Madero, más precisamente en el Madero Center (en Azucena Villaflor 350) conocido por la financiera conocida mediáticamente como "La Rosadita", y registra en un año un "notable incremento patrimonial: de $ 1.523.321,70 a $ 4.052.874,46 pesos", figura en la denuncia penal.
Los incrementos del patrimonio de Ocaña surgen de su propia declaración de 2016 ante la Oficina Anticorrupción (que dirige Laura Alonso) “ya que en un año es notable el incremento patrimonial. Pasó de $ 1.523.321,70 a $ 4.052.874,46 pesos, aclarándose que había adquirido deudas por 629.714,03 pesos”, figura en la denuncia penal.
Vera sostiene que “es llamativo tan brutal incremento siendo que Graciela Ocaña, de 58 años, en los últimos veinte años el único trabajo que tuvo es en el Estado”.
