Redacción La Nueva Mañana
Bajo el título "El desafío pendiente, construir un Estado que llegue antes", Judicialas AGEPJ emitió u documento, a propósito de un nuevo aniversario de Ni Una Menos y el femicidio de Agostina Vega.
"Como mujeres feministas, este caso nos interpela y conmueve profundamente. Como trabajadoras judiciales, que representamos el 75% del total del Poder Judicial, nos interpela además desde un lugar que conocemos demasiado bien: el de quienes reciben las denuncias, sostienen guardias, escuchan los
relatos de violencia, acompañan a las víctimas y sostienen cotidianamente un sistema que hace años muestra signos evidentes de agotamiento", comienza el pronunciamiento.
Las trabajadoras afirman que saben perfectamente las falencias. "No hablamos desde la teoría: hablamos desde la experiencia cotidiana de quienes intentan hacer funcionar un sistema que hace tiempo
opera por encima de sus límites".
"Desde AGEPJ y desde Judicialas, venimos advirtiendo estas falencias mucho antes de que una tragedia vuelva a exponerlas ante la sociedad. Hace años alzamos la voz para señalar las profundas grietas
estructurales que presenta el Poder Judicial en nuestra provincia: la falta de recursos humanos y materiales, la fragmentación de los circuitos institucionales, la falta de diálogo con el resto de los dispositivos estatales encargados de prevenir la violencia de género, la ausencia de una perspectiva de género real en la toma de decisiones y en los altos mandos de dirección y el riesgo de exigir respuestas eficaces a un sistema que funciona permanentemente al borde del colapso", continúa el documento dado a conocer este martes.
Sobre propuestas e iniciativas impulsadas, el documento señala que "el protocolo contra la violencia laboral y de género, el proyecto por la democratización de las tareas de cuidado dentro del Poder Judicial y la más reciente mesa interinstitucional para mejorar el abordaje judicial de la violencia de género son algunas de las iniciativas que hemos llevado a cabo en los últimos años en torno a esta problemática".
El documento de Judicialas sigue: "Ante un Poder Judicial que se niega a revisarse y a hacer autocrítica, nosotras alzamos la voz con claridad: el sistema actual pregona una supuesta eficiencia y rapidez que choca contra una realidad cotidiana signada por el desborde, la fragmentación y un financiamiento escaso y mal dirigido, pensado desde arriba sin conocer el trabajo cotidiano ni donde radican las necesidades más urgentes. No hay perspectiva de género posible en instituciones desbordadas y que no escuchan a sus trabajadoras".
Según sostiene el documeto de Judicialas, estas dependencias sufren un constante vaciamiento. "Mientras la escala de violencia e inseguridad multiplica la cantidad de denuncias y causas a investigar, los recursos humanos y materiales disminuyen. Existen realidades que son imposibles de ocultar: guardias sostenidas por una sola persona durante toda la madrugada, oficinas sin infraestructura adecuada y equipos que deben responder a situaciones extremas con recursos cada vez más escasos. Bajo estas condiciones, es imposible garantizar simultáneamente la celeridad, la escucha y el acompañamiento que las víctimas necesitan", añade el trabajo.
Con abierta crítica a la escasez de recursos de distintas dependencias, el documento sostiene que "las Fiscalías de Instrucción, el Fuero de Familia, el Fuero de Violencia Familiar y Género y el Ministerio Público Fiscal, conviven con el aumento exponencial de la litigiosidad, contando con cada vez menos recursos y con directivas de formas de trabajo propias de otra época, no actualizadas a las necesidades reales de hoy".
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