Se tratará un proyecto del oficialismo que le pide al Presidente que se abstenga de interpretaciones acerca de la reglamentación de la ley que deja sin efecto el pago de las indemnizaciones
Política 28/02/2018
Gaston Gracia Daponte
Unión por Córdoba (UPC) aprobará mañana un proyecto de declaración en el que “muy especialmente” insta al presidente de la nación Mauricio Macri, para que “se abstenga de interpretaciones y reglamentaciones específicas de la ley 27179” a la que el gobierno nacional intenta regular para no pagarle a ninguno de los 10119 damnificados por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero.
Tras conocerse la noticia que publicó el lunes La Nueva Mañana el bloque del oficialismo reaccionó con la presentación del proyecto en defensa de las víctimas del ardid perpetrado por el gobierno de Carlos Menem en 1995 donde deliberadamente hizo explotar las dependencias de la Fábrica Militar para ocultar la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La iniciativa fue firmada por los legisladores del Departamento Rio Tercero, José Luis Scarlatto y Laura Labat, acompañados por la firma del vicepresidente de la legislatura, Daniel Passerini.
“Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional reglamentara la Ley Nacional No 27179 sin alterar su espíritu, ni su letra, ni la buena fe de sus eventuales beneficiarios (las víctimas de las explosiones en la ciudad de Río Tercero en el año 1995), y muy especialmente insta al Señor Presidente de la Nación a que se abstenga de interpretaciones y reglamentaciones específicas de la norma mencionada que restrinjan o limiten injustamente el universo de beneficiarios previstos en el artículo 1 de la Ley No 27179”, dice el texto completo de la declaración que mañana será debatido en la sesión ordinaria de la Unicameral y que será acompañado por todo el bloque del oficialismo.
Intimado por la Justicia para reglamentar la ley 27179 de reparación para las víctimas de las explosiones de la Fábrica Militar de la ciudad de Río Tercero, el presidente Mauricio Macri envió el pasado 15 de febrero a la Justicia Federal de Río Cuarto el proyecto mediante el cual el Estado nacional, intencionalmente, no le pagará a ninguna de las 10.119 personas que litigan por daños (moral y psicológico) y perjuicios contra el Estado nacional desde 1997. Otra bomba del Estado para la ciudad de Río Tercero.
La trampa jurídica mortal se elaboró para esquivar el espíritu y todos los preceptos enumerados en la ley sancionada en el año 2015. Tras la intimación judicial el Estado nacional presentó el decreto reglamentario en el que niega el pago a todos los damnificados creando un nuevo concepto legal acerca del significado judicial de “causa vigente”.
El artículo mencionado de esta reglamentación determina que se entenderá por causa vigente, en los términos previstos en esta norma, a “todos aquellos procesos judiciales en los que los actores hubieren instado el curso de la instancia dentro de los 6 meses inmediatos anteriores al 5 de octubre de 2015”, fecha en la que el Congreso de la Nación sancionó la ley de reparación.
Parecería que se trata de un mero enunciado judicial formal si no fuera porque en el año 2007 las víctimas representadas por el Dr. Mario Ponce firmaron un acuerdo con el Gobierno nacional para suspender todos los juicios como compromiso para que el Estado pudiera resolver la situación a través de la sanción de una ley reparatoria e indemnizatoria que de por finalizado el pleito judicial.
De esta forma y con esta artimaña ninguna de las víctimas estaría en condiciones de cobrar absolutamente nada después de que hace más de once años el estado nacional reconoció el derecho de los riotercereses al tratarse de un hecho aberrante organizado y perpetrado por el propio estado nacional.
Por esto, UPC manifestó en los fundamentos del proyecto que “para sorpresa y preocupación, hoy nos enteramos que, como propuesta de reglamentación, el Poder Ejecutivo Nacional quiere alterar el espíritu y la letra de la ley interpretando que allí donde la legislación expresamente reconoce el derecho indemnizatorio a las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se
encontraren reclamando judicialmente los daños y perjuicios...” (Artículo 1o Ley 27179), mediante una interpretación amañada y falaz, quiere que ese artículo sólo alcance a quienes hubieren instando el proceso en los últimos seis meses o en algún lapso dado.
Además expresan que este proyecto de reglamentación presentado en la justicia federal de la ciudad de Rio Cuarto “es, lisa y llanamente, alterar la letra de la ley” y señalan que el presidente “debe reglamentar la ley sin alterar su espíritu, ni su letra ni, mucho menos, aprovecharse de la buena fe de las víctimas de la tragedia de Río Tercero”.
Córdoba Podemos quiere instruir a legisladores nacionales
El bloque de Córdoba Podemos presentó un proyecto de resolución para instruir a los Diputados y Senadores Nacionales por Córdoba para que le soliciten al gobierno de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Defensa a cargo de Oscar Aguad, para que informen oficialmente si el proyecto de reglamentación presentado en la justicia federal de la ciudad de Río Cuarto va a ser sancionado y si es así, que soliciten las justificaciones de la medida.
En conjunto con este proyecto, el bloque presentó otro de declaración en el que expresa su preocupación por el proyecto de reglamentación presentado por el gobierno nacional calificando la situación como “injusta” al pretender no pagar las indemnizaciones a las víctimas de la ciudad de Río Tercero. En el mismo sentido fue presentado un proyecto del bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).
Durante la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria en la que convergen todas las autoridades de los bloques partidarios y las de Cámara, se resolverá si se unifican los proyectos para presentar un criterio único y se llevará después al recinto para ser uno de los temas principales de la sesión ordinaria.
Estarán presentes las víctimas
A través de la Comisión que los aglutina hace más de veinte años, mañana estarán presentes en la legislatura las víctimas de las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero que esperan una resolución judicial hace más de dos décadas, acompañadas por el abogado de la causa Mario Ponce.
Cuando finalizan la tarea, los muchachos dicen que el costo es de 12.500 y no de 2.500 pesos, como habían asegurado. “Escuchó mal, usted. No nos vamos de acá hasta que nos pague”, amenazan.
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