En medio de una profunda crisis política, producto de errores "no forzados" en lo más altos niveles del Ejecutivo, impericia en la gestión y, en especial, de una feroz "interna" ya expuesta y a cielo abierto, el gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de un proyecto para reformar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (más conocida como Ley de Medios) sancionada en 2009.
De la noticia se hicieron eco este jueves numerosos medios de comunicación, aunque oficialmente no hubo ninguna información.
Justamente, ante este difícil escenario, donde el Presidente no parece todavía lograr el equilibrio entre los sectores (intereses) en pugna (el "triángulo de hierro" conformado por el propio Milei, Santiago Caputo y Karina Milei aparece por estos días roto), la duda que muchos exteriorizaron frente a este proyecto de un gobierno que repite a diario la consigna "no odiamos lo suficiente a los periodistas" es que en realidad lo que estaría detrás de la iniciativa no es otra cosa que la idea de desviar la atención y sacar de la agenda mediática tantos escándalos.
Si bien por ahora sólo se trata de trascendidos -que claramente desde el propio círculo del poder político hicieron circular- , el proyecto en estudio, y que se enviaría próximamente al Congreso, formará parte de un paquete de 10 reformas más. La Ley de Medios que se propondrá, "busca modificar el funcionamiento del mercado de las telecomunicaciones y establecer nuevos controles patrimoniales sobre periodistas, quienes pasarían a ser considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP)", publicaron este jueves distintos medios.
En el último punto, vale una aclaración. Ante los escándalos por gastos excesivos -en términos de sus ingresos declarados- del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la objeción que se hizo a los créditos e hipotecas que asumió es "por qué ni los escribanos ni nadie le preguntó, como se hace regularmente con cualquier ciudadano o ciudadana, si estaba políticamente expuesto".
Debería aclararse a qué periodistas se refiere ese punto, porque la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación difícilmente posean un patrimonio holgado, ni menos ingresos exorbitantes, en blanco o en negro. Quizás se refiera al 5% de los periodistas, ese grupo selecto que puede entrevistar al Presidente y que no utiliza el recurso de repregunta, en tanto el mandatario, de manera recurrente sostiene que "el 95% del periodismo está 'sucio' y 'contaminado', acusándolos específicamente de ser 'delincuentes' que envenenan a la sociedad, que son ensobrados.
Otras iniciativas incluidas en el "paquete" serían: modificaciones a la Ley de Etiquetado Frontal, proyectos vinculados a juicios por jurados, una reforma interna del Conicet, una ley sobre ludopatía y nuevas normativas de regulación de la competencia.
Siguiendo con los trascendidos, el borrador de este paquete de proyectos a enviarse al Congreso fue elaborado por los equipos legales de la Casa Rosada y analizado recientemente durante una reunión de tres horas en la Quinta de Olivos entre el Presidente y el vocero presidencial Manuel Adorni. Se insistió, claro, que todo se hizo bajo total hermetismo.
El proyecto para reformar la actual Ley de Medios se funda en dos ejes. Por un lado, plantea equiparar a periodistas y comunicadores con funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, obligándolos a presentar declaraciones juradas patrimoniales y someterse a controles sobre la evolución de sus bienes.
De esta manera, los trabajadores de prensa quedarían incluidos dentro de la categoría de Personas Expuestas Políticamente, una figura actualmente utilizada para funcionarios y actores vinculados a la administración pública con el objetivo de prevenir delitos financieros y conflictos de interés.
Por otro lado, el proyecto apunta a profundizar la desregulación del mercado de medios y telecomunicaciones. En ese sentido, propone flexibilizar el sistema de licencias, reducir controles y fiscalizaciones del Enacom y eliminar obligaciones vinculadas a contenidos mínimos dentro de las programaciones.
En fin, habrá que esperar si avanza esta iniciativa del gobierno libertario, para conocer sus fundamentos. Por lo pronto, las dudas que genera es hasta qué punto una normativa de la derecha que involucre el trabajo de las y los periodistas, con la excusa de regular la actividad, no signifique establecer mecanismos de control que atenten contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
Fuente consultada: Diario Conclusión
