Redacción La Nueva Mañana
Un informe del Centro de Economía Política (CEPA) reflejó que el costo fiscal del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) alcanzaría en un escenario base los US$1.069 millones anuales.
El reporte expuso que una vez que los proyectos aprobados entren en fase operativa, la renuncia recaudatoria del Estado oscilará en un rango de US$786 a US$1.395 millones según el nivel de exportaciones alcanzado.
El análisis del CEPA destacó que el componente de mayor peso en la pérdida de recaudación es el diferencial en el Impuesto a las Ganancias, que genera una renuncia de US$545 millones anuales. Mientras el régimen general para sociedades es del 35%, el RIGI lo reduce al 25% e, incluso, al 15% bajo el nuevo “SuperRIGI”.
Otros beneficios que componen el costo fiscal incluyen:
-Derechos de exportación resignados: representan unos US$107 millones anuales, afectando principalmente a la minería de litio y plata.
-Exención de aranceles de importación: los vehículos de proyecto no pagan impuestos por ingresar bienes de capital e insumos.
-Fase de construcción: entre 2025 y 2028, se estima un costo de US$430 millones por año, concentrado en la devolución de IVA y exenciones aduaneras.
Frente a estas estimaciones, el Ejecutivo sostiene en sus informes ante el Congreso que “no hay afectación al equilibrio fiscal”.
El argumento oficial es que el Presupuesto “no contempla ingresos provenientes de las actividades económicas generadas en el marco del RIGI, con lo cual no hay afectación alguna al equilibrio fiscal”.
A la fecha, el Estado Nacional ha aprobado 12 proyectos bajo este régimen, los cuales suman una inversión comprometida de US$26.680 millones. Estas iniciativas abarcan sectores estratégicos como hidrocarburos, minería (litio, cobre, oro y plata), energías renovables, siderurgia e infraestructura.
YPF es el actor central del esquema. La compañía de bandera tiene participación directa o protagónica en proyectos que concentran el 68,5% de la inversión total aprobada, lo que equivale a US$18.267 millones. Entre estos se destacan el oleoducto Vaca Muerta Sur y la planta de licuefacción de GNL impulsada por Southern Energy.
El citado informe de CEPA cuestionó la efectividad del RIGI para atraer capitales genuinamente nuevos. Según el relevamiento, al menos siete de los 12 proyectos aprobados ya habían sido anunciados o contaban con avances significativos antes de la sanción de la Ley Bases.
Casos como el parque solar El Quemado, el proyecto Rincón de Litio de Río Tinto o el yacimiento Los Azules ya estaban en carpeta o en etapa de evaluación técnica mucho antes de la existencia del régimen.
Al respecto, desde CEPA indicaron que “esto sugiere que el RIGI no está generando necesariamente inversiones nuevas, sino otorgando beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios a proyectos que probablemente se hubieran desarrollado de todos modos”.
Fuente: NA
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