Los últimos datos de recaudación publicados recientemente por ARCA pertenecientes al mes de abril profundizan una tendencia inquietante: los recursos tributarios crecen por debajo de la suba de precios. Eso significa que la inflación derrite la recaudación fiscal, en parte porque se aceleraron las subas de precios, pero, más aún, debido a la merma de la actividad económica.
¿Qué relación tiene la actividad con la recaudación? Una estrecha. La estructura tributaria argentina es dependiente del nivel de actividad, dado que la presión impositiva está fuertemente focalizada sobre las transacciones económicas, en lugar de hacerlo sobre los patrimonios. Esto hace que el sistema de recaudación sea procíclico; lo que significa que cuando el nivel de actividad se eleva se recauda más, pero cuando la actividad baja también lo hacen los recursos fiscales.
De acuerdo a los datos oficiales, en el primer cuatrimestre del año, las arcas nacionales tuvieron un incremento acumulado del 24,5% en comparación con el mismo período del 2025 (enero-abril), cuando la inflación del período analizado fue mayor a ese incremento. Se espera para abril una variación interanual de la inflación en torno del 32%, por lo que el dinero recaudado por ARCA rinde casi un 6% menos respecto al año pasado.
Lejos de ser un caso aislado, se trata de una constante presente en los últimos nueve meses de manera consecutiva. Una caída consecuente con el proceso alcista de precios que se advierte a partir de julio del año 2025.
Muchos componentes de la recaudación tuvieron un desempeño negativo en términos reales. Dentro de los cuales se destaca el IVA, de estrecha relación con el nivel de actividad, que tuvo una caída real de 8,5%. Este impuesto, que explica un tercio de los recursos fiscales, cayó en su versión impositiva aplicado a toda venta registrada de bienes y servicios. Asimismo, también hubo una merma en términos reales mucho mayor en el IVA aduanero, aquel que se aplica cuando una mercadería ingresa al país.
De lo anterior se desprende que el consumo interno está más bajo que hace un año atrás, mientras que, por otro lado, están ingresando menos importaciones. En efecto, las compras al exterior bajaron 10% en cantidad, habiendo caídas interanuales en cuatro de los seis rubros observados por los informes oficiales. Este indicador da cuenta que el nivel de actividad no pasa por su mejor momento habida cuenta que siempre que la economía se expande también lo hacen las importaciones.
Mientras que, por otro lado, también hubo una baja recaudatoria planificada por el lado de las exportaciones, consecuencia de bajar retenciones. Esta búsqueda del equipo económico de liberar recursos fiscales a los sectores exportadores vinculados al agro, principalmente, se dio con la reducción de retenciones a los exportadores del complejo sojero y cerealero.
Este deterioro de los recursos fiscales de ARCA empieza a acrecentar dudas sobre la sostenibilidad de uno de los pilares de la política económica del gobierno: el superávit fiscal. Claramente, en los tableros que analiza el equipo económico esta alarma se encendió. Por ello, el presidente intentó disipar estas dudas cuando aseveró que “el ancla fiscal no se negocia”, en consecuencia, en palabras del jefe del ejecutivo, lo que no se negocia es “la motosierra”.
En efecto, en lo que va del año, persiste el ajuste sobre diferentes partidas del gasto del estado. Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el gasto, diferentes partidas fueron ajustadas. Es el caso del gasto social que cayó 5% en comparación con el acumulado en el primer cuatrimestre del 2025. En este rubro se destaca reducción de asignaciones familiares, pensiones no contributivas, entre otros.
También la poda continuó en los subsidios al transporte (-29%), al igual que en transferencias a las provincias y universidades, con una variación real interanual negativa de 39% y 8%, respectivamente. Esto explica el reclamo de las universidades que señalan que el superávit del gobierno es inconsistente dado que se logra a costa de que el estado no cumpla con sus obligaciones.
Mientras que el ajuste a las transferencias a las provincias dificulta los acuerdos políticos con los gobernadores para poder tener dominio sobre la agenda parlamentaria y mostrar musculatura política. Un atributo clave previo a un año electoral en donde el gobierno pone en juego su continuidad.
En el tercer año de gestión, el modelo económico atraviesa momentos de definición importantes. Con el logro de inflación cuestionado (en parte por la expectativa generada por el propio presidente), el gobierno tiene el desafío de mantener su objetivo fiscal incólume. Ese delicado equilibrio entre ingresos fiscales (que caen) y gastos que deben ser ajustados para compensar la merma.
¿Liberar recursos a las cerealeras y al sector agropecuario a costa de las universidades? ¿Sostener el beneficio del equilibrio fiscal a costa de perder apoyo político de las provincias? Son algunos dilemas que se presentan. Entrar en zona de definición exige, a fin de cuentas, elegir entre costos y beneficios.
