Redacción La Nueva Mañana
El gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados un proyecto que recorta el régimen de subsidios al gas previsto en la ley de Zonas Frías y propone mantenerlos solamente en la Patagonia, Malargüe, La Puna y hogares calificados como vulnerables e incluidos en los subsidios focalizados.
El Gobierno busca reducir el déficit fiscal, restringiendo la llegada de los subsidios energéticos a familias de diversas provincias del país alcanzadas por la ley actual, entre ellas localidades de 13 departamentos de Córdoba: Calamuchita, Córdoba Capital, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión.
Desde la gestión de Milei sostienen que con el 7,5% que cobra para financiar el sistema de subsidios no alcanza a cubrir el régimen de zona fría y que eso generó “la ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores”.
Hasta el 2021 el subsidio solo alcanzaba a las zonas de la Patagonia, Malargüe en Mendoza y La Puna, pero luego se extendió a diferentes zonas del país, que ahora el gobierno de La Libertad Avanza quiere eliminar y solo dejarla en aquellas zonas que sufren frío extremo y aquellos hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
De acuerdo a ese programa solo pueden recibir el subsidio los beneficiarios de ReNABap, veteranos de Malvinas o aquellas familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2 (matrimonio con dos hijos).
“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, destaca el Gobierno en los fundamentos del proyecto.
Otro punto clave que contempla la iniciativa es que se pagaría sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa; y que se pagaría a distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de cobros para anular el desacople entre la base de recaudación del Fondo y la obligación de pago.
El proyecto crearía, a su vez, un mecanismo para saldar las deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa, acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria. Las empresas deberían desistir de todos los reclamos judiciales como condición para acceder a esa compensación.
Por otro lado, la exención impositiva para energías renovables, que vencía en 2025, se prorrogaría hasta 2045 y se derogarían los regímenes de promoción de inversión y acceso a divisas para la producción de hidrocarburos creados en 2013 y 2022.
El Gobierno justificó la medida con argumentos ambientales: “La expansión del uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica genera efectos altamente favorables para el país, a los fines de asegurar los beneficios de una oferta energética más limpia y sostenible para el conjunto de la población”.
Agregó que “se estima necesario que el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el artículo 4° de la Ley N° 26.190 continúen libres de gravamen en los términos del artículo 17 de la Ley N° 27.191”.
Fuente: NA
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