Redacción La Nueva Mañana
Este martes comenzó el Jury de Enjuiciamiento contra los tres fiscales que investigaron el asesinato de Nora Dalmasso. A 20 años del crimen, los funcionarios judiciales que estuvieron a cargo de la instrucción rinden cuentas ante legisladores y vocales del Tribunal Superior de Justicia. El femicidio aún permanece impune.
Luis Pizarro, Javier Di Santo y Daniel Miralles están acusados de mal desempeño y negligencia. Los tres estuvieron encargados de un caso que aún no tiene resolución. La mujer fue asesinada el 25 de noviembre de 2006 en Río Cuarto, en su casa de Villa Golf.
La acusación, que está a cargo de la fiscal general adjunta Bettina Croppi, surge a partir de un hallazgo reciente, posterior a la prescripción penal de la causa. El fiscal Pablo Jávega detectó que el perfil genético encontrado en el cuerpo y la bata de Dalmasso coincide con el ADN de Roberto Bárzola, un parquetista que trabajó en la vivienda de la víctima.
A finales de mayo finalizará el proceso que podría derivar en la destitución de Pizarro, Di Santo y Miralles, si el tribunal los encuentra culpables. Es la primera vez que en Córdoba se realiza un proceso de esta envergadura, que involucra a tres fiscales.
La jornada comenzará con las declaraciones de Facundo y Valentina, hijos de la víctima, y Marcelo Macarrón, viudo, quien estuvo procesado y en 2022 fue sobreseído en el juicio. Se espera que 37 testigos presten declaración ante el tribunal las últimas semanas de abril.
El tribunal encargado de dictar el veredicto está integrado por su presidenta -y vicepresidenta de la Unicameral- Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba); los legisladores Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical) y Walter Gispert (Frente Cívico); y la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Aída Tarditti.
Tras la etapa testimonial, se fijará la fecha para los alegatos de la acusación y las defensas.
Según el marco legal vigente, el fallo final deberá dictarse antes del 28 de mayo, cumpliendo con el plazo máximo de 60 días hábiles posteriores a la formulación de la acusación.
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