Miriam Campos
"El asesinato de la Vica no es un hecho aislado, se inscribe en un hecho social donde la violencia y el prejuicio siguen existiendo", indicaron las y los amigos de Vica Monteros, referente de la comunidad LGBTIQ+ en Córdoba, cuyo crimen ocurrió la semana pasada en su propia casa en barrio Alberdi.
El fiscal de la causa, Guillermo González, indicó que su muerte fue violenta, que "hubo alevosía" y por el caso hay un hombre de 27 años detenido. En ese marco, este domingo se llevó adelante una convocatoria frente a Tribunales I para pedir justicia por Vica y denunciar la violencia contra las identidades disidentes.
"Esa violencia, muchas veces, está habilitada por la falta de herramientas legales eficaces que prevengan, sancionen y reparen", subrayaron desde la convocatoria, donde además de pedir que el caso sea tratado como un crimen de odio, se reclamó por una ley antidiscriminatoria en Córdoba.
"La discriminación no es una consigna abstracta, tiene consecuencias reales", expresó la comunidad LGBTIQ+ a través de un documento leído, bajo la lluvia, ante los presentes.
Denunciaron también, que en el caso de Vica, hay un elemento que no puede ser ignorado: "Su asesino llevaba años publicando mensajes discriminatorios. Es decir, existían señales, claras, públicas y sostenidas en el tiempo de un discurso de odio, que nunca fue abordado de manera efectiva".
Dicho contexto, para la comunidad diversa de Córdoba, que protestó junto a la familia de Vica, expone con crudeza unas de las principales falencias actuales, "la incapacidad de intervenir en forma preventiva frente a expresiones que lejos de ser opiniones, constituyen un caldo de cultivo de la violencia extrema".
Destacaron también que a esto, se le suma una deuda estructural del sistema judicial argentino ya que la actual ley nacional 23.592 sobre Actos discriminatorios no incluye de forma explícita a las personas LGTBIQ+ dentro de su definición de discriminación.
La crítica de la comunidad LGTBIQ+ hacia dicha ley se basa, principalmente, en los límites históricos y conceptuales de esa norma ya que se considera que no protege adecuadamente a las identidades disidentes. La ley fue sancionada en 1988, en un contexto en el que la agenda de diversidad sexual todavía no tenía reconocimiento jurídico amplio.
Para el Colectivo, esta omisión no es menor, deja zonas grises, limita el acceso efectivo a la justicia y debilita las herramientas del Estado para actuar frente a situaciones concretas de violencia y exclusión: "Por eso, no solo es necesario, sino urgente, para saldar esa deuda, garantizar la protección real y adaptar la respuesta del Estado a las violencias actuales".
El caso de Vica vuelve a poner el foco en el marco normativo, que resulta insuficiente, para abordar de manera integral las múltiples formas de discriminación, una de las tres demandas colectivas que año a año, vienen reclamando las disidencias durante las marchas del Orgullo. Una demanda sostenida por organizaciones, activistas y una comunidad que conoce en primera persona, las consecuencias de la discriminación.
"Una ley antidiscriminatoria permitiría tipificar con mayor claridad las conductas discriminatorias, fortalecer los mecanismos de denuncia y garantizar el acceso a la justicia, pero sobre todo generar políticas públicas de prevención", expresaron las disidencias frente a Tribunales y agregaron: "Sabemos que los crímenes de odio no comienzan con el acto extremo de violencia. Se gestan en discursos, prácticas y desigualdades que el Estado muchas veces, no logra intervenir a tiempo".
A nivel nacional, el reclamo de los distintos colectivos no es que la ley 23.592 “no sirva”, sino que quedó desactualizada frente a nuevas formas de discriminación. Por eso, desde hace años, la comunidad LGTBIQ+ impulsa su reforma para que "la protección sea explícita, integral y efectiva". Ya que la misma, no menciona explícitamente orientación sexual ni identidad de género. Aunque incluye la categoría “sexo”, no incorpora de forma explícita categorías clave como orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
Dicha situación, genera problemas de interpretación, ya que la protección depende muchas veces de cómo jueces o instituciones interpretan la ley. En ese marco, los colectivos señalan que esto es insuficiente frente a discriminaciones estructurales o sistemáticas y piden una inclusión explícita de categorías protegidas, incluyendo agravantes específicos cuando la violencia esté motivada por prejuicio hacia identidades LGTBIQ+.
Para la Comunidad, la ley no solo cumple un rol punitivo, sino pedagógico y transformador: "Establece un límite claro a la violencia simbólica y material, y constituye condiciones para una convivencia más justa e igualitaria".
El reclamo pone centralidad en que prevenir los crímenes de odio implica actuar antes que ocurran, desarticulando las estructuras que los hacen posibles: "Su aprobación, no puede seguir postergándose", reclamaron este domingo en Córdoba.
"Justicia por la Vica también es esto, transformar el dolor que todos tenemos, en acción. Y esa acción, en derechos porque sin herramientas legales adecuadas, la violencia se repite", indicaron las y los amigos de Vica y agregaron: "Por cada vida que se pierde por odio, es también una responsabilidad social, que no puede ser ignorada".
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