Redacción La Nueva Mañana
La Justicia exigió que el Gobierno aplique de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso el año pasado luego de las sucesivas marchas federales que respaldaron la normativa.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y señaló que la suspensión por decreto “es ilegítima”, desestimando la apelación que presentó la gestión de Javier Milei. En medio de un nuevo paro nacional de docentes universitarios que se extenderá por 72 horas, la medida significa un triunfo para los trabajadores del sector.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán destacó que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría y ratificaron la ley luego del veto presidencial. Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y los calificó de “poco serios”.
La medida cautelar exigió puntualmente que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período del 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles.
Los magistrados entendieron que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es mínimo y no afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, destacaron que está en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.
El mes pasado, el Gobierno apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego del reclamo conjunto del CIN y más de 40 universidades públicas ante el desfinanciamiento del sector, en medio de un paro nacional extendido en reclamo por la recomposición salarial.
Es el segundo revés judicial para el gobierno en 24 horas. Este lunes, el juzgado nacional del Trabajo aceptó la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo y frenó de manera provisoria 83 puntos de la reforma laboral, reconociendo que corren riesgo los derechos de las y los trabajadores.
Fuente: NA
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