Redacción La Nueva Mañana
La Iglesia de Córdoba criticó el nuevo intento del gobernador Martín Llaryora de prohibir a las y los cuidacoches y limpiavidrios. El gobierno provincial envió otro proyecto a la Legislatura luego de posponer el debate en diciembre, cuando se aprobó una abrumadora reforma del Código de Convivencia.
"Estamos convencidos que la prohibición del trabajo popular no es la verdadera solución", manifestó la Pastoral Social del Arzobispado de la provincia en un duro comunicado.
Bajo el título "Ciudades para todos" el texto se posiciona en contra de la iniciativa oficialista, señalando de consolida la "cultura del descarte".
"No se pueden abordar las problemáticas en torno a las personas que cobran el estacionamiento en la vía pública sin una visión y comprensión del escenario o marco cultural y económico en el cual se manifiesta o emerge hoy esta realidad", argumentó la Iglesia.
En otro pasaje, apunto contra la crisis económica que atraviesa la sociedad: "Tampoco debemos desconocer las nuevas realidades y la inestabilidad de los trabajos existentes. Las reglas del mercado y la aparición de nuevas tecnologías pueden dejar sin trabajo en poco tiempo a gran cantidad de personas".
En la misma línea destacó el trabajo de las cooperativas y señaló que la organización de los trabajadores de este sector es parte de la solución. Actualmente en la ciudad de Córdoba existe siete cooperativas que agrupan a más de 600 trabajadores y trabajadoras.
"Para las personas que cobran el estacionamiento en la vía pública, las cooperativas han demostrado ser una respuesta a las problemáticas que se pueden generar de convivencia entre quienes realizan el trabajo y quienes reciben el servicio", se explayó, añadiendo que de esta forma se acuerda una tarifa fija, se dividen los sectores que la Municipalidad concede y se facilitan los controles.
Asimismo, solicitó que el Estado provincial cumpla las normativas vigentes y que la ciudad de Córdoba haga lo propio con la Ordenanza N° 10.425 sancionada en el año 2001 que estableció el régimen legal para el estacionamiento medido y permitió la participación de cooperativas de trabajadores; y la Ordenanza N° 10.837 del año 2005 que regula la concesión del servicio a entidades sin fines de lucro.
La Pastoral Social del Arzobispado de Córdoba consideró que son tres las problemáticas alrededor del trabajo de las personas que cobran estacionamiento en la vía pública: la delincuencia, el consumo problemático de alcohol y drogas y los complejos problemas de salud mental en algunas de las personas que realizan el servicio o dicen hacerlo.
"Sin embargo creemos que hay que diferenciar, una cuestión es el trabajo/prestación de servicio público según las reglamentaciones vigentes y otra estas tres realidades antes mencionadas", sentenció y argumentó que los problemas de consumo, de salud mental y el aumento de la delincuencia también son responsabilidad del Estado, que debe garantizar el abordaje integral y sistémico.
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