Salud actualiza un 5,78% los aranceles de las prestaciones en discapacidad: denuncian que la suba es insuficiente

Si bien el Gobierno asegura que el cálculo tiene base en el IPC, organizaciones del sector aseguran que esta actualización "se calcula sobre una base errónea y atrasada, por lo que no da respuesta al espíritu de la Ley de Emergencia en Discapacidad".
27/02/2026Redacción La Nueva MañanaRedacción La Nueva Mañana

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Marcha en CABA por la Ley de Emergencia en Discapacidad (Foro Permanente Discapacidad) 02
Explican las organizaciones que la compensación prevista por ley para cubrir la brecha entre inflación y aranceles fue reconocida por el Estado en apenas el 10,5%, cuando el atraso real estimado por los prestadores alcanza el 27,79%. Foto: Foro Permanente en Discapacidad

El Ministerio de Salud de la Nación fijó para febrero una actualización del 5,78% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

Oficialmente se explicó que el incremento se aplica de manera uniforme, sin diferencia por tipo de prestación y se calculó con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor de diciembre de 2025 y enero de 2026, conforme el acta 432 del Directorio del sistema.

Asimismo, indicaron que la medida se encuadra en la Ley 24.901 y en la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad, que ordena que las compensaciones tengan en cuenta la diferencia entre la evolución de los aranceles y la inflación.

La cartera sanitaria señaló que las actualizaciones mantienen la pauta de recomposición que viene aplicando el Directorio desde fines de 2023.

Desde el Foro Permanente de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad, por su parte, subrayaron que "este aumento es insuficiente y se calcula sobre una base errónea y atrasada, por lo que no da respuesta al espíritu de la Ley de Emergencia en Discapacidad".

En ese marco, explican que la compensación prevista por ley para cubrir la brecha entre inflación y aranceles fue reconocida por el Estado en apenas el 10,5%, cuando el atraso real estimado por los prestadores alcanza el 27,79%.

"Sin financiamiento adecuado, no hay derechos garantizados", afirman desde el Foro, subrayando que el Gobierno apela a publicaciones tardías y aumentos que no alcanzan, poniendo en riesgo las prestaciones.

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