Redacción La NUEVA Mañana
En los últimos dos meses, casi 5.000 extranjeros fueron expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados de Argentina, según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta de X.
La funcionaria detalló que diciembre cerró con 2.400 personas provenientes de otros países que debieron abandonar el territorio nacional, mientras que en lo que va de enero se registraron otros 2.300 casos. Monteoliva destacó que estas cifras constituyen un récord para los controles migratorios en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, y las vinculó directamente con los refuerzos dispuestos en los operativos de seguridad.
La ministra enfatizó que la política actual apunta a impedir el ingreso o la permanencia de extranjeros con antecedentes penales, involucrados en delitos o en situación migratoria irregular. “Es simple: si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera. Porque, como lo decimos siempre, en Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó Monteoliva en la red social X.
La funcionaria aseguró que el incremento en los controles responde a una decisión explícita del Gobierno de endurecer la vigilancia en los puntos de acceso al país.
El fin de semana pasado, las autoridades realizaron nuevos operativos migratorios en el área metropolitana de Buenos Aires. En el partido bonaerense de La Matanza, el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante una intervención en una feria de Villa Celina, donde se identificó a 458 personas, de las cuales 369 resultaron ser extranjeras. El procedimiento incluyó inspecciones en galerías, locales y puestos callejeros, con el objetivo de verificar la situación migratoria de los presentes y detectar eventuales delitos conexos.
En ese marco, que generó una ola de comentarios xenófobos en las redes sociales, la ministra remarcó que el enfoque del Gobierno es “que en la Argentina, el que viola la ley, debe hacerse responsable de sus actos”, en línea con la política de seguridad implementada desde el inicio de la actual gestión.
La intensificación de los controles migratorios y la aplicación de nuevas tecnologías de verificación han permitido, según el Gobierno, lograr cifras récord en materia de expulsiones y rechazos en los últimos dos meses. Las medidas incluyen tanto la identificación biométrica en operativos urbanos como el refuerzo de la vigilancia en los principales pasos de ingreso al territorio nacional. Para las autoridades, la estrategia apunta a “garantizar la seguridad interna y el cumplimiento de las leyes migratorias”, según indicaron portavoces oficiales.
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