Redacción La Nueva Mañana
Desde su asunción Javier Milei impuso un ajuste en la obra pública y paralizó el mantenimiento de la infraestructura de conectividad del país, impactando de lleno en el mantenimiento de las rutas nacionales, que atraviesan un deterioro acelerado. Actualmente, entre el 65% y el 70% de la red vial nacional se encuentra en mal estado, según un informe elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina).
Las políticas impactan en la integración regional, la producción nacional y la seguridad vial de las personas que circulan por las rutas.
El gremio señaló que a partir de diciembre de 2023, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) atraviesa un proceso de desmantelamiento institucional, tras el intento de disolución mediante el Decreto 461/2025, que luego fue rechazado por el Poder Judicial y el Congreso. El sindicato señaló que si bien se frenó el cierre del organismo, el vaciamiento continúa por otras vías, como "la expulsión de personal técnico altamente calificado, el congelamiento salarial, el retiro
voluntario forzado y la asfixia presupuestaria sistemática".
El estudio indicó que más de 800 trabajadores especializados ya fueron expulsados y se proyecta la salida de otros 900.
En la misma línea, denunció que el Presupuesto 2026 "consolida una caída real cercana al 75% respecto de 2023", que impactará en el organismo. El gremio detalló que los fondos específicos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, tributo creado para financiar rutas, "no se ejecutan pese a que la recaudación existe y los usuarios siguen pagando".
Para Fepevina, la situación es una decisión política del Gobierno libertario con el objetivo de "vaciar al Estado de su capacidad vial, paralizar el mantenimiento y degradar una función estratégica que sostiene la seguridad, la producción y la integración territorial del país".
El gremio del personal de Vialidad explicó que desmantelar la DNV "implica más muertes, más desigualdad territorial y mayor dependencia de esquemas concesionados sin control público". Asimismo, en el informe destacó que "persistir en este rumbo no es ajuste ni modernización: es abandono", agregando que "cada kilómetro no mantenido hoy es un pasivo técnico, económico y judicial mañana".
Los datos muestran que el abandono del mantenimiento preventivo acelera el pasaje de fallas menores a colapsos estructurales, multiplicando los costos futuros de rehabilitación.
Otra consecuencia de la paralización de la obra pública es el aumento de la siniestralidad vial, que para el sindicato "no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de políticas públicas u omisiones". Entre 2022 y 2023, las víctimas fatales aumentaron un 14%, alcanzando 4.369 muertes anuales, según los datos oficiales.
"El deterioro vial mata, y lo hace de forma regresiva, afectando especialmente a jóvenes y regiones periféricas", subrayó el sindicato.
