Advierten que para 2026 las universidades necesitan un presupuesto 61% mayor al proyectado por el Gobierno

Afirman desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que con lo que Javier Milei tiene previsto destinar a las universidades nacionales en el proyecto de Presupuesto 2026, se profundiza el "desfinanciamiento que ya atraviesa el sistema".
Política12/12/2025Redacción La Nueva MañanaRedacción La Nueva Mañana

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Foto: Miriam Campos

A través de un documento, titulado "Necesidad de adecuar el presupuesto universitario en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026", el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores, solicitó una reunión con el Ministerio del Interior y cuestionó la partida de $4.872.017 que destinó a las universidades nacionales la gestión de Javier Milei en el proyecto de Presupuesto que envió al Congreso.

"Con una inflación proyectada oficialmente del 10,1% para 2026, esa asignación implicaría una caída real del 3,5% respecto del presupuesto previsto para 2025, lo que profundizaría la situación de desfinanciamiento que ya atraviesa el sistema", subrayaron críticamente.

De acuerdo con los análisis técnicos realizados por especialistas y por las áreas de planificación de las universidades nacionales, "para evitar el deterioro financiero del sistema sería necesario un presupuesto, aproximadamente, 61% superior al proyectado".

En ese marco, el CIN ha solicitado un monto de $7,2 billones, cifra que "representa lo mínimo indispensable para sostener el funcionamiento actual de las instituciones universitarias".

Asimismo, en el comunicado subrayan que el proyecto enviado por el Ejecutivo "no contempla diversos factores críticos, tales como la inflación correspondiente al período restante de 2025; las actualizaciones salariales pendientes; el financiamiento de ciencia, técnica y artes; la ejecución de un plan de obras y equipamiento universitario; y la actualización y ampliación del sistema de becas estudiantiles".

Finalmente, plantea el CIN que de aprobarse el presupuesto tal como está formulado, "las consecuencias serían muy profundas para el sistema universitario público argentino" y que "el impacto recaería directamente sobre los más de 2.000.000 de estudiantes que cursarán durante el próximo año, y afectará condiciones de acceso, permanencia y calidad educativa".

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