Bahía Luz De Palma
Este jueves, la Legislatura de Córdoba discute la creación de la Procuración Penitenciaria, un organismo que debería controlar las cárceles y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas detenidas.
En medio del debate, ingresó al recinto una carta del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que advierte la falta de estándares internacionales en el proyecto presentando por la legisladora oficialista Nadia Fernández.
El texto de la Ley 44.944, impulsa la conformación de una entidad "independiente", destinada supuestamente a "la tutela, promoción y protección de los derechos" de las y los detendios en la jurisdicción provincial. Sin embargo, un sector de la oposición y organismos especializados se oponen a su aprobación.
La institución, que no obstruiría las tareas del Ministerio Público Fiscal (MPF), implementaría siete cargos vitalicios de jerarquía y gran escala salarial. La poca claridad en cuanto a la designación de los funcionarios, y otras cuestiones del formato institucional planteado provocaron duros cuestionamientos.
Este año, el Sistema Penitenciario de la Provincia estuvo bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluso realizó una audiencia para indagar sobre el uso de la prisión preventiva y la aplicación de juicios abreviados. El organismo internacional centró su atención en los centros de encierro de Córdoba, tras reiteradas denuncias por sobrepoblación y maltratos.
Ahora, la gestión de Martín Llaryora intenta responder los señalamientos de la CIDH y busca establecer un organismo a su medida: dependiente del Poder Judicial, sin participación de organizaciones ciudadanas y que no prevé un monitoreo efectivo en las cárceles.
El Comité Nacional indicó algunas "inconsistencias", como la falta de independencia funcional y de autarquía financiera, que implica un problema para el correcto desarrollo de las tareas. "El proyecto sitúa al organismo dentro de la órbita del Poder Judicial, con dependencia administrativa, presupuestaria y de personal del Tribunal Superior de Justicia", advirtió en un comunicado que difundió tras enviar el documento a la Unicameral.
Asimismo, resaltó que tampoco se contemplan las recomendaciones del Comité sobre la constitución e implementación de los Mecanismos Locales de Prevención ni las remitidas oportunamente a las autoridades provinciales luego de cada visita de inspección, donde se destacaron violaciones sistemáticas de los derechos de las personas detenidas.
En la misma línea, el organismo nacional manifestó que la Procuración Penitenciario no cumpliría con un control real: "No se prevé que el organismo realice visitas de monitoreo no anunciadas ni entrevistas confidenciales con personas privadas de libertad, facultades que constituyen el núcleo operativo del modelo preventivo", afirmó.
Además, aclaró que el tratamiento acelerado en el ámbito legislativo "no garantiza la pluralidad y participación ciudadana requeridas, ya que reduce al mínimo la presencia de sectores sociales, académicos y profesionales indispensables para asegurar miradas diversas y especializadas".
Por último, la entidad cuestionó los mecanismos de selección de los integrantes de la Procuración que se pretenden implementar, ya que "no respetan procedimientos de designación que sean públicos, transparentes, participativos e inclusivos, con criterios de género, pluralidad o multidisciplinariedad".
El CNPT afirmó que la iniciativa en tratamiento "no daría cumplimiento a la obligación internacional del Estado provincial de constituir su Mecanismo Local de Prevención, manteniendo así el incumplimiento señalado reiteradamente por los órganos internacionales de derechos humanos".
El reclamo por la creación de una entidad que orientada a fortalecer la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y que revise de forma constante las situaciones de encierro, tiene larga data en la provincia.
El año pasado, la Coordinadora de Familias de Víctimas de Gatillo Fácil y profesionales de la salud mental presentaron una iniciativa para implementar un Comité para la Prevención de la Tortura que funcione en la Región.
Sin embargo, la normativa, que incluía parámetros más rigurosos para identificar situaciones de violencia, no prosperó. El proyecto oficialista obtuvo un dictámen exprés y la intención de Provincias Unidas es aprobarlo antes de que finalice la sesión en la Unicameral.
