Miguel Apontes
Tras la indagatoria al imputado Marcelo César Martínez en la causa por abuso sexual en la Federación de Golf de Córdoba, y su negativa a declarar por consejo del abogado defensor Justiniano Martínez, la causa sigue su curso y se esperan novedades en la instrucción que lleva adelante la Fiscalía.
La denuncia de la joven empleada de la institución data de febrero de 2024. Sin embargo, la imputación contra Marcelo César Martínez, de 56 años, actual presidente ejecutivo de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba, se produjo recién hace un par de semanas. El delito por el cual lo acusa la Fiscalía de Distrito contra la Integridad Sexual de 2° Turno, a cargo de Ingrid Vago, es gravísimo: abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud psíquica de la víctima.
La indagatoria se produjo el jueves 13 de noviembre y Martínez se negó a declarar. Ahora, con el levantamiento del secreto del sumario, la parte querellante confía en el avance de las investigaciones, “habida cuenta de las numerosas pruebas acumuladas en la causa”, según explicó a La Nueva Mañana la abogada María Terragno.
La mujer, de 27 años, con dos hijos más otros dos sobrinos a cargo, se desempeñaba en el área de limpieza de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba, y trabajó en relación de dependencia entre los años 2021 y 2024.
Los casos de violencia sexual, de acoso y maltratos, son fundamentalmente sensibles y es sabido cuánto cuesta muchas veces a las mujeres denunciarlos. Y es que se combinan varios factores: la vulnerabilidad de la persona y el sometimiento a la que es llevada, en particular en un ámbito laboral. El abuso sexual en este contexto, con una relación claramente desigual, patrón-empleada, es abuso de poder. Hay una posición clara de autoridad del empleador, y un aprovechamiento de tal situación a partir de la vulnerabilidad, en este caso, de la trabajadora.
Una compañera de trabajo de la mujer, que tuvo un conflicto laboral menor, fue el puente para que la joven acceda a narrar los hechos, y quien la acompañó. Lo que siguió fue concurrir al sindicato, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), y allí exponer el caso. La compañera ofició de testigo en la causa de lo que había vivido la denunciante.
“Así, esta chica acudió y pudo contar cuanto le estaba pasando, porque estos casos de violencia de género, sin el acompañamiento de su entorno más cercano y del gremio como se dio aquí, sin ese acompañamiento, nunca llegan a la denuncia penal”, sostuvo la abogada Terragno.
La joven trabajadora de limpieza de la Federación de Golf, sin la contención de su compañera y del propio sindicato, seguramente jamás hubiera radicado la grave denuncia por los abusos que supuestamente padeció.
Mario Pérez, secretario General de la Seccional Córdoba Norte de Utedyc, que comprende desde el departamento Colón seis departamentos del norte provincial, en diálogo con La Nueva Mañana, contó cómo se involucró la organización gremial.
“Obviamente, como gremio acompañamos a la compañera, se trataba de una situación muy delicada, pero tenemos las herramientas para contener a nuestros afiliados, y en este caso, además, se sumó un tema laboral por algunos incumplimientos de pagos y otras cuestiones”, señaló el dirigente.
“No fue fácil llevar adelante esto, la grave denuncia y el reclamo laboral. La chica, muy vulnerable, según ella misma nos manifestó, sufrió todos los abusos que te puedas imaginar, horribles, y donde es posible también que haya habido complicidad de otros. Sólo esperamos que la Justicia avance, se conozca la verdad y se condene a quien resulte responsable de semejantes hechos”, agregó Pérez.
La participación de la organización gremial adquiere hoy una relevancia especial. Se transitan tiempos particulares, con los gremios estigmatizados y proyectos recurrentes de reforma laboral. Proyectos que ahora llaman “de modernización laboral”, presentados como una panacea a la hora de generar más empleo, pero que esconden la intención de reducir el papel de los sindicatos y su irremplazable función de equilibrar, en una negociación con las patronales, la debilidad que significa para un trabajador o trabajadora encararla de manera individual.
En el fuero laboral inició también una demanda a la Federación de Golf, a raíz de reiterados incumplimientos y reclamando un resarcimiento. La joven empleada del área limpieza, por la situación insostenible que vivió, se dio por despedida. La demanda se hizo para pedir una indemnización en concepto de reparación por daño moral, por todo lo que denunció haber padecido, ya que se consideró despedida producto de los maltratos.
Se promovieron varias inspecciones del Ministerio de Trabajo y la demanda laboral fue casi en paralelo con la denuncia penal. Se aportaron testimonios de compañeros de trabajo, lo que llevó a acumular una importante prueba.
En el terreno penal, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual por fin dispuso, hace dos semanas, la imputación de Marcelo César Martínez por abuso sexual con acceso carnal, agravado por el daño infligido a la víctima, su vulnerabilidad, y en el marco de una relación laboral, ya que la mujer era dependiente.
La causa penal tiene un trayecto largo de instrucción (más de 20 meses desde la denuncia en febrero de 2024), donde no sería ajeno a esta demora el hecho de que el acusado es una persona por demás influyente, que ocupó distintos cargos públicos (trabajó en la Fiscalía de Estado, fue vocal de la Agencia Córdoba Deportes y hoy se desempeñaría en Lotería de Córdoba). La institución que preside aborda un deporte practicado en un sector social acomodado.
La acusación que pesa sobre Martínez es por un delito agravado, cuya pena tiene un mínimo de ocho años.
“En el juicio laboral, que va en paralelo, se tomaron todas las audiencias, se aportaron todas las pruebas, no hay duda que los hechos sucedieron. No hubo acuerdo, a partir del insuficiente ofrecimiento, la reparación ofrecida no satisfizo a mi defendida. No hay constancia de que haya sido mala empleada, que haya tenido faltas reiteradas a su trabajo, ni menos de que su despido haya sido con causa, como argumentó la patronal. Ella fue siempre presionada a renunciar y la prueba aportada es contundente”, finalizó la abogada laboralista María Terragno.
