En el transcurso de la semana tomó estado público el Informe Final de la Comisión Investigadora $LIBRA. Dicho Informe demuestra las irregulares actuaciones del presidente Milei, de la Secretaria Presidencial -Karina Milei-, y de varias personas del entorno más próximo al presidente. Desde su rol como miembro de la Comisión $LIBRA el diputado nacional -por Propuesta Republicana (PRO)- Oscar Agost Carreño dialogó con LNM acerca de la finalidad de la Comisión, y sobre los resultados a los que arribó la misma después de una exhaustiva investigación.
Usted –junto a varios legisladores más que integraron la Comisión Investigadora- ha trabajado en la producción del Informe Final sobre $LIBRA. En atención a ello quisiera saber si podría especularse –con alguna argumentación válida, digo- con que el Informe Final presentado tiene algún sesgo ideológico.
-Puedo –y quiero- asegurar que el Informe no está atravesado por ningún sesgo ideológico; ya que la Comisión Investigadora fue integrada por diputados de distintos bloques políticos y con miradas ideológicas diversas. Para mí eso era central a la hora de asumir mi labor dentro de la Comisión; porque entendí desde el primer momento que necesitábamos que la investigación no fuera leída como una disputa partidaria, sino como una defensa del funcionamiento institucional. No estábamos investigando a quienes piensan distinto, sino el uso indebido de la investidura presidencial para promover un activo financiero no auditado. Además, el mandato de la comisión fue claro: reunir información técnica, documental y testigos para determinar responsabilidades políticas.
¿Cuál es, entonces -en términos institucionales-, la conclusión principal del informe?
-El informe concluye que hubo mal desempeño en el ejercicio de la Presidencia de la Nación al utilizar la cuenta oficial verificada del Presidente para promocionar la inversión en una criptomoneda -$LIBRA- engañando en su finalidad, supuestamente el destino eran las pymes argentinas, y facilitando un fraude compatible con un tipo específico de estafa llamado “rug pull”. Sin esa promoción oficial, $LIBRA no habría tenido la escala y el volumen de víctimas que tuvo. También demostramos que no fue un episodio aislado, ya que antes de $LIBRA hubo intervenciones similares en proyectos como KIP Protocol, Vulcano y CoinX, con actores que se repiten. Hay un patrón, no una casualidad.
¿Qué es un “rug pull”, cómo encajaría esa tipificación en este caso -$LIBRA-?
-Un rug pull ocurre cuando quienes controlan la liquidez inicial de un token (clave dinámica para validar operaciones en línea) inflan su precio mediante promoción pública y luego retiran esos fondos de manera abrupta, dejando a los compradores con activos sin valor. Eso es lo que vimos en $LIBRA -y los tres antecedentes promocionados por Milei-: luego de la validación pública, se dió el ingreso masivo de compradores, se retiraron los inversores iniciales con la inversión de compradores, el valor se desplomó y los inversores de buena fe se quedaron sin nada. O sea que estos inversores fueron víctimas de un “rug pull”. No fue una mala elección de inversión; fueron víctimas de un mecanismo deliberado de fraude.
¿Javier y Karina Milei serían culpables de una estafa? ¿En qué términos?
-La comisión no tiene facultades penales y no dicta culpabilidad judicial. Lo que determinamos es responsabilidad política por abuso de la investidura presidencial al impulsar un proyecto financiero privado que derivó en una presunta estafa, sin activar los protocolos institucionales de control ni cumplir con los estándares de transparencia exigidos por la Ley de Ética Pública. En el caso de Karina Milei su rol fue facilitar el acceso institucional, porque hubo ingresos de los promotores de $LIBRA a Casa Rosada que no fueron registrados en el Registro de Gestión de Intereses -pese a que correspondía hacerlo-.
¿Se comprobó –en la investigación llevada adelante por la Comisión- que hubo transferencias de dinero hacia Milei o su entorno?
-Lo que está documentado es la trazabilidad económica entre Hayden Davis, por un lado, y Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, por el otro, quienes actuaron como intermediarios. En múltiples ocasiones, recibieron fondos y operaron con ellos dentro del ecosistema cripto. Lo relevante es que observamos movimientos que muestran cómo esos fondos fueron convertidos de dinero digital a dólares físicos a través de “cuevas” vinculadas al mundo cripto. Esa trazabilidad permite llegar hasta el entorno del Presidente. Allí es donde ahora la Justicia debe continuar la investigación para determinar beneficiarios finales. No estamos afirmando quién cobró qué; estamos aportando evidencia concreta del camino del dinero y señalando que esos retiros coinciden temporalmente con la promoción presidencial.
¿Cómo se habrían convertido las criptomonedas en dinero real?
-La ruta principal fue la siguiente: Davis enviaba fondos digitales a Terrones Godoy y Novelli; ellos los transformaban en dinero físico, y esos dólares eran retirados. Además de reuniones públicas y transferencias de dinero al entorno de Milei, se estableció un esquema que sería para monetizar la figura presidencial y que hubo pagos que se hicieron durante e inmediatamente después de reuniones de Davis con Milei en la Casa Rosada. Por eso insistimos en que la Justicia tiene que avanzar sobre la trazabilidad de esos retiros en efectivo, porque allí puede establecerse quiénes resultaron beneficiarios.
¿Qué pruebas concretas hay contra Javier Milei?
-Existen pruebas directas: la promoción desde su cuenta oficial verificada se hizo sin intervención de áreas técnicas y utilizando la investidura presidencial para validar un activo privado. Por otra parte, fue el primero en hacer público el número de contrato del token -algo similar a un CBU bancario-, información que no era de acceso masivo en ese momento, lo que implica acceso privilegiado. También hubo reuniones con los promotores facilitadas desde la Secretaría General , algunas no registradas como exige el Registro de Gestión de Intereses. A esto se suma que el propio Hayden Davis, socio del proyecto, acusó a Javier Milei y a Karina Milei en la causa radicada en Estados Unidos, señalándolos como actores responsables de la maniobra. Finalmente, la promoción de proyectos anteriores como KIP, Vulcano y CoinX, demuestra un patrón de conductas reiteradas no un episodio aislado. Quizás las pruebas más importantes son las respuestas de consultas a las empresas de billeteras virtuales que permitieron identificar operaciones y personas detrás de ellas. Estos hechos no prueban culpabilidad penal -eso es tarea judicial- pero demuestran responsabilidad política y uso indebido del cargo.
¿Cuánta gente perdió plata y dónde está el dinero?
-No podemos determinar la cantidad total de damnificados en el Congreso porque hubo operaciones en múltiples jurisdicciones y no todas las plataformas respondieron oficialmente. Sí sabemos que hubo transacciones de argentinos. La exchange Ripio respondió a pedidos oficiales que al menos 1.329 argentinos operaron $LIBRA, refutando la versión del Presidente de que “nadie en Argentina compró”. Y, en total, 114.410 wallets salieron perjudicadas. Lo que sí está establecido es que alrededor del 80% de las ganancias fueron retiradas por los socios originales, y que esos montos ascienden, de mínima, a 100 o 120 millones de dólares, que fueron retirados por solo 36 billeteras de las miles que invirtieron. Ese es el volumen real del daño económico.
¿Por qué el fiscal Taiano –quien está a cargo de la causa en los estamentos judiciales- no avanzó con la velocidad y la profundidad de la Comisión?
-Bueno, desde el inicio la justicia perdió muchísimos meses de trabajo discutiendo cuál juzgado era el competente. Como nunca pudimos acceder al expediente de Taiano no podemos explicar sus tiempos y avances. Por ejemplo, nosotros en siete días logramos recibir, traducir y procesar información de una billetera, mientras en la Justicia tardaron unos seis meses. Nosotros ya remitimos toda la documentación formalmente a Taiano. Ahora corresponde al Ministerio Público Fiscal avanzar con las medidas judiciales.
¿El informe sirve para la Justicia de Estados Unidos?
-La Comisión puso la información a disposición de la Justicia argentina, que es la que tiene competencia penal. En otros países, como Estados Unidos, hay demandas iniciadas por particulares, cuyo objetivo es recuperar el dinero perdido. Es cierto que piden que se aplique la Ley Rico para asociaciones criminales, pero aún la Jueza no aceptó ese pedido. Si la Justicia de Estados Unidos -y/o la de España- requieren documentación, está disponible. Pero la intervención principal y la responsabilidad del avance corresponde al sistema judicial argentino.
¿Qué facultades tiene una comisión del Legislativo? ¿qué puede –y qué no- hacer?
-La comisión tuvo facultades de investigación y control político. Durante su funcionamiento pudo requerir información a organismos del Estado, citar funcionarios y terceros, analizar documentación técnica, remitir pruebas a la Justicia, señalar responsabilidad política y recomendar acciones legislativas o judiciales. Lo que no podía hacer es dictar sentencia penal, imputar personas, ordenar allanamientos o embargos. Esa es la diferencia entre el control político del Congreso y la jurisdicción del Poder Judicial. De todas maneras, la comisión tenía un mandato con plazo determinado, ese plazo ya se cumplió y el trabajo concluyó con la presentación del informe final, que fue remitido formalmente a la Justicia y al pleno. Ahora la continuidad del proceso depende de los magistrados y de las instituciones que deben actuar a partir de la evidencia reunida.
¿Cómo se podría definir lo ocurrido con $LIBRA desde el punto de vista institucional? ¿Fue un error, una imprudencia, o algo más grave?
-$LIBRA no fue un error de comunicación ni un exceso de entusiasmo tecnológico. Fue el uso deliberado de la investidura presidencial para validar públicamente un proyecto financiero no auditado, sin controles del Estado y con consecuencias económicas concretas para miles de personas que lo catalogan como un fraude, una estafa. Lo más grave es que existen indicios de beneficios económicos para actores muy cercanos al Presidente, que aún deben ser esclarecidos por la Justicia. Cuando un Presidente utiliza su cuenta oficial para impulsar inversiones privadas, cruza un límite institucional que no tiene que ver con ideas económicas o preferencias ideológicas, sino con la naturaleza misma del cargo. Una Presidencia no puede funcionar como una plataforma de marketing financiero, mucho menos si ello termina siendo una estafa internacional millonaria.
