Redacción La Nueva Mañana
El juez Santiago Camogli rechazó el pedido de apartamiento de la fiscal Analía Gallarato, quien está a cargo de la causa por el crimen vial del Camino de las Altas Cumbres protagonizado por el exlegislador oficialista Oscar González.
Las familias perjudicadas habían solicitado que la causa pase a manos de otro fiscal, argumentando que Gallarato no avanzó con la investigación, eludió pruebas y sostuvo una acusación beneficiosa para el exfuncionario del peronismo cordobés.
Nancy Gonzales Charaja, la mamá de la adolescente que quedó parapléjica tras el choque, y Laura Bengoa, hermana de la mujer que falleció luego del impacto y tía de la tercera víctima, elevaron el pedido al cumplirse tres años del siniestro que cambió sus vidas para siempre. Este jueves, después de una audiencia con todas las partes presentes, el magistrado Camogli informó que el caso no se moverá de fiscalía.
El abogado querellante, Germán Romero Marcón, declaró a La Nueva Mañana que la decisión de la Justicia "es una señal lamentable". "Le dimos la oportunidad al poder judicial para que podamos tener un juicio serio, con imparcialidad y objetividad", manifestó el letrado y agregó que el fallo "ratifica todo lo actuado" por la fiscal.
Ahora el tribunal debe decidir si acepta o rechaza la probation que presentó la defensa de González y a la cual las familias perjudicadas se oponen, ya que le permitiría al exlegislador acceder a un acuerdo de reparación civil y evitar el juicio. La audiencia será el 20 de novimbre.
En paralelo, la querella también impulsaron un pedido de enjuiciamiento contra Gallarato, que aún debe resolver el Poder Legislativo.
Respecto al pedido de probation realizado por la defensa del acusado, el abogado Lucas Cocha expresó anteriormente a este medio que las familias rechazan el ofrecimiento de una reparación civil y cuestionó la carátula que impuso la fiscal. "De momento González está imputado por homicidio culposo agravado, es un encuadramiento que es benigna para la actuación del imputado", valoró.
La imputación es una de las razones que hace sospechar a las víctimas del choque que la investigación no fue imparcial. "La causa se trata como si fuera un siniestro vial más, soslayando que estamos hablando de un imputado que tiene una incidencia, un poder político en la región muy importante y que afecta la imparcialidad de la Justicia", sostuvo el abogado.
En la misma línea, la hermana y la hija de Alejandra Bengoa- la mujer fallecida- y la mamá y el papá de la chica que aún padece las secuelas del accidente, reclaman la autonomía del Poder Judicial y que se considere la influencia política de González como un condicionante en cuanto a la lentitud de la invesigación.
Luego del choque, la Justicia Federal comenzó a investigar a González por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Actualmente el funcionario se encuentra imputado y con prisión preventiva, en modalidad domiciliaria, mientras avanza la causa.
El fiscal federal Maximiliano Hairabedián confirmó que el juez Hugo Vaca Narvaja dictó el procesamiento del ex legislador, luego de confirmar inconsistencias significativas en sus declaraciones juradas.
La investigación se originó tras el crimen vial del camino de Altas Cumbres, cuando revisaron el vehículo que conducía González. Fue la legisladora Luciana Echevarría, del Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad (MST-FITU), quien planteó dudas sobre el patrimonio del entonces legislador.
El exfuncionario es acusado de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, omisión, falsedades e imprecisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales.
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