Redacción La Nueva Mañana
El colectivo de discapacidad marchó este martes en Plaza San Martín en reclamo de la implementación de la ley 27.793 que plantea la emergencia en Discapacidad e impulsa una mejora en las pensiones y en los aranceles hasta el 31 de diciembre de 2027.
La protesta -que se realiza a nivel nacional-, en Córdoba tuvo gran adhesión del sector que salió una vez más a las calles y bajo las consignas "No podemos esperar" y "El desequilibrio es social, no fiscal", exigieron al Gobierno que destine las partidas establecidas en dicha legislación que ya fue promulgada, pero que aún no se efectiviza por decisión del propio Ejecutivo.
"Un Gobierno que no garantiza los derechos de las personas con discapacidad es peligroso y denigrante. No nos ven, no nos escuchan y sin embargo, somos parte de la sociedad. La situación para los centros y los prestadores es insostenible. No vivimos de promesas ni del aire", expresó con un cartel una de las personas afectadas por el recorte.
"Paramos porque Milei hace lo que quiere", dijo una manifestante en la plaza rodeada de familiares y personal de salud. Uno de los reclamos centrales es que las personas con discapacidad integren la comisión interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), para regular la gestión. El pedido sucede tras las denuncias de una trama de coimas dentro del organismo supuestamente vinculada a la secretaria General de la presidencia Karina Milei y a su asesor Eduardo "Lule" Menem.
El viernes pasado, en la sede central de la Andis, en Buenos Aires, manifestantes exigieron una reunión con los ejecutivos para avanzar en la implementación de la normativa, pero ante la negativa de los funcionarios, se vivieron momentos de tensión.
Con una conferencia de prensa en el Colegio de Psicología de la Provincia, trabajadores del sector repudiaron los recortes del gobierno de Javier Milei, los desvíos de fondos y las denuncias por presuntas coimas en la Andis.
"Sin Estado no hay derechos, sin derechos no hay democracia y la Emergencia en Discapacidad es democracia", manifestaron las representantes de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión que llevan adelante un cese de actividades.
En la misma línea señalaron que "en un contexto de crisis social y económica sin precedentes el Gobierno ha elegido debilitar el Estado y vaciar nuestras instituciones, en lugar de garantizar los derechos conquistados". Y afirmaron: "Diversos colectivos y referentes en derechos humanos lo denominamos genocidio por goteo. Una forma silenciosa de exclusión que erosiona la dignidad, la autonomía y derecho a existir en condiciones de igualdad".
"La ley de Emergencia y Discapacidad sancionada por el Congreso continúa sin una implementación efectiva debido a una reglamentación restrictiva que limita su espíritu y anula sentido de urgencia", denunciaron y agregaron que a esto se le suma la cancelación intempestiva de la reunión del Directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad, que provocó el rechazo de familiares en la Ciudad de Buenos Aires y terminó con una concentración en las puertas de la sede cental la semana pasada.
Tras las bajas de miles de pensiones sin justificación, indicaron que muchas personas dependen de ese ingreso "para sobrevivir": "La ausencia de respuesta obligatorias a derechos básicos genera procesos largos y desgastantes que profundizan la vulneración de quienes más necesitan apoyo y constituye una forma de violencia institucional y abandono estatal", reforzaron.
A su vez, trabajadores denunciaron la falta de investigación del supuesto entramado de coimas que apunta a funcionarios de alto mando y cuestionaron la ausencia en el Congreso de la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, que serían interpelados por presuntos hechos de corrupción.
También señalaron la "falta de transparencia en el manejo del transporte público destinado a las políticas de discapacidad": "Los fondos fueron transferidos por la Jefatura de Gabinete pero nadie sabe dónde están. No hay informes. No hay rendición de cuentas. No hay explicación", subrayaron.
"Estos hechos no pueden interpretarse como errores ni demoras administrativas. Evidencia en un proceso de desmantelamiento progresivo del sistema de apoyo y del encamado institucional. Que convierte la vida de las personas más vulneradas en una variable de una dinámica que produce un deterioro sistemático, cotidiano y sostenido de las condiciones de vida", declararon las tabajadoras en la conferencia de prensa, quienes compartieron un documento elaborado por diferentes agrupaciones.
La semana pasada, el Colectivo 3 de Diciembre realizó una caravana, con más de 250 conductores, para impulsar un amparo legal que presentaron ante la Justicia Federal a comienzos de esta semana. El documento cuestiona la suspensión de la ley de Emergencia dispuesta por Javier Milei, tras su ratificación que el Congreso.
La caravana de transportistas de personas con discapacidad se conformó con conductores de diferentes puntos de la provincia y culminó en Tribuanles Federales, en donde el juez federal Hugo Vaca Narvaja los recibió. Leandro Ator, integrante del Colectivo 3 de Diciembre detalló a La Nueva Mañana que el magistrado se comprometió a respoder el amaparo con "celeridad".
De la jornada participaron conductores de Traslasierra, provenientes de Villa Dolores, La Paz y de otros pueblos de las Sierras Chicas.
