Redacción La Nueva Mañana
Los diputados nacionales cordobeses Gabriela Estévez y Pablo Carro, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de resolución, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), el cumplimiento “inmediato y efectivo” de una medida cautelar que ordena la restitución de la cobertura total de medicamentos esenciales para todos los afiliados y afiliadas de PAMI en la provincia de Córdoba.
La medida cautelar, dictada en mayo de este año por el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, suspendió temporalmente la aplicación de resoluciones administrativas emitidas a fines de 2024 que, según los legisladores, “impusieron requisitos y trabas burocráticas” para acceder a la cobertura completa de fármacos.
El proyecto de Estévez y Carro tiene como objetivo central solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del PAMI, dé cumplimiento inmediato a la cautelar; exhortar a las autoridades del PAMI a que cesen en la aplicación de las resoluciones administrativas que limitaron el acceso a la cobertura total de medicamentos, para garantizar la salud y la dignidad de los adultos mayores de la jurisdicción; e instar al PAMI a dar publicidad masiva e inmediata de la vigencia de la medida cautelar en los medios de comunicación provinciales de Córdoba, para que los afiliados tomen efectivo conocimiento de la restitución de su derecho.
Según afirman los diputados en los fundamentos del proyecto, la iniciativa legislativa se eleva ante la “gravedad del incumplimiento de una orden judicial que afecta directamente el derecho constitucional a la salud de miles de adultos mayores”.
“No podemos permitir que el PAMI se resista sistemáticamente a cumplir con una orden judicial que busca proteger la vida de nuestros mayores. Esta desobediencia institucional, incluso luego de multas impuestas por el juez, pone en riesgo la salud de quienes trabajaron toda su vida”, dijo al respecto Gabriela Estévez.
Los fundamentos del proyecto recuerdan que las resoluciones de diciembre de 2024 obligaron a numerosos jubilados “a elegir entre adquirir su medicación vital o cubrir otras necesidades básicas”. El juez federal, al dictar la cautelar, determinó que las nuevas condiciones "no lucen razonables y vulneran el acceso integral a la salud".
Por su parte, Pablo Carro sostuvo que “es imprescindible que el Poder Ejecutivo actúe con celeridad para garantizar el respeto al fallo judicial” y resaltó que “el incumplimiento de una orden es un abuso de autoridad”. Y subrayó: “Estamos pidiendo que se asegure el acceso ininterrumpido a los tratamientos médicos y la plena vigencia de los derechos humanos de los jubilados de Córdoba”.
La acción judicial que motivó el fallo fue interpuesta por diversos organismos de derechos humanos, incluyendo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Córdoba, junto a afiliados individuales y sindicatos, en una acción de amparo colectivo.
Los legisladores concluyen que es una obligación de este cuerpo legislativo solicitar al Poder Ejecutivo que intervenga para terminar con esta situación.
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