Redacción La NUEVA Mañana
Jorge Pablo Cabrera, un suboficial retirado de la Armada Argentina y presidente de La Libertad Avanza de Punta Indio, localidad ubicada en el nordeste de la provincia de Buenos Aires, fue denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en julio a raíz de declaraciones celebratorias de secuestros y desapariciones durante el terrorismo de Estado en emisiones de una radio local. Cabrera sostuvo, por ejemplo, que el baúl del Ford Falcon “todavía huele a justicia”.
Ahora, la unidad fiscal que interviene en procesos por crímenes de lesa humanidad solicitó que lo llamen a indagatoria y consideró que hizo un ejercicio abusivo de la libertad de expresión.
La denuncia contra el exmilitar y ahora dirigente del espacio de derecha, la realizó en julio pasado la CPM, el organismo público, autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.
“Lo manifestado por el imputado resulta un ejercicio abusivo de la libertad de expresión que, al exceder sus límites legítimos, lesiona bienes jurídicos vinculados al interés público y afecta derechos de las personas que fueron victimizadas por graves crímenes”, sostuvieron en su presentación el fiscal general coordinador de esa oficina, Gonzalo Miranda, la auxiliar fiscal Ana Oberlin y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira. El pedido fue presentado en un proceso radicado en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata.
“Mi papá tuvo toda la vida Ford Falcon, el verde aceituna que venía de fábrica, y abrías el baúl y todavía olía a justicia”, había dicho el exsuboficial durante la emisión de un programa radial partidario de La Libertad Avanza de Punta Indio. La Comisión Provincial por la Memoria lo denunció entonces penalmente por apología del delito ante el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, y subrayó que su carácter de presidente de LLA le asigna mayor gravedad a sus dichos, “en tanto quien pretende participar de la vida democrática tiene una mayor responsabilidad en acatar las normas y la Constitución Nacional. La apología de los delitos de lesa humanidad no es libertad de expresión, es infringir la ley y provocar daño”.
La fiscalía consideró que es un deber del Estado reaccionar de manera institucional frente a mensajes que alientan la violencia, el odio o la discriminación y que las manifestaciones públicas realizadas por Cabrera constituyen la conducta típica de apología del delito. “Aunque sus palabras no impliquen un llamado directo a la comisión de actos violentos actuales o futuros, sí configuran una apología pública de crímenes aberrantes”, afirmaron.
También encuadró los dichos en el delito previsto en el artículo 3° de la Ley Antidiscriminatoria 25.392, que en su segundo párrafo estipula una sanción a quienes “por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
En 2023, a raíz de una publicación celebratoria de los crímenes de lesa humanidad, la CPM había denunciado a la concejala Silvia Gorosito de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, integrante del bloque de Juntos por el Cambio, que fue luego procesada. En ese momento, con motivo del aniversario del golpe de Estado de 1976, la funcionaria publicó en su perfil de Facebook una foto que reivindicaba los vuelos de la muerte. Pocos días después de la publicación, luego de la denuncia de la CPM y de recibir el repudio del Concejo Deliberante -incluido su propio bloque-, de funcionarios y organizaciones sociales y derechos humanos, Gorosito renunció a su banca.
Fuente: Agencia Andar
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