Redacción La Nueva Mañana
La Mesa de Trabajo por los DD.HH. de Córdoba y la Guardia Jurídica, junto a organismos de derechos humanos, presentaron una denuncia contra el fiscal Ernesto Rafael de Aragón por las detenciones durante la protesta del 28 de agosto convocada por la CTAA y organizaciones sociales en reclamo de alimentos.
Ese día, 15 manifestantes, entre ellos el secretario General de ATE y CTAA, Federico Giuliani, fueron apresados mientras reclamaban por insumos y alimentos para los sectores populares frente a la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, en 27 de Abril 784.
Giuliani encabezaba el reclamo ante el organismo público denunciando que "la entrega de parte de la Municipalidad se vio disminuida drásticamente los últimos meses". Durante el operativo, el dirigente gremial fue herido y quedó detenido hasta el 1 de septiembre.
En ese marco, organismos de derechos humanos indicaron a través de un comunicado que los manifestantes "fueron emboscados y detenidos en un operativo desmedido, con violencia institucional y abuso de autoridad".
La denuncia fue realizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) -regional Córdoba, Villa María, Río Cuarto y Río Tercero-, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba Asociacion Civil, Agrupación ex Presos Políticos por la Patria Grande, e H.I.J.O.S. Córdoba (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).
El fiscal De Aragón es cuestionado por la manera que aplica en Córdoba una suerte de "protocolo antipiquetes" a nivel local, y se lo acusa de atentar con sus medidas contra "el derecho a la protesta y la libre circulación".
Además de la denuncia contra el funcionario público, la Mesa indicó que también impulsarán acciones contra los responsables policiales de la represión.
"Entendemos que el hambre es un crimen y que las políticas públicas en materia socioeconómica del Gobierno nacional no hacen más que engrosar la lista de personas, y en especial de niños y niñas, que cada día quedan sin un plato de comida para poder garntizar un correcto y normal desarrollo cognitivo", indicaron desde la Mesa de Trabajo sobre el contexto en el que aconteció la protesta.
En esa línea, destaca el comunicado que no se puede permitir que dichas prácticas del Gobierno nacional, se reproduzcan en la provincia de Córdoba, y que de igual manera, que "la protesta social sea criminalizada y reprimida por las fuerzas de seguridad provinciales en un contexto de ascendente conflictividad social".
"La conflictividad social no se resuelve con represión", puntualizaron los organismos de DD.HH.
"Porque el hambre es un crimen y la protesta social no se criminaliza ni se reprime, exigimos: basta de violencia institucional, respeto a los derechos humanos y políticas públicas para garantizar el derecho a la alimentación", agregó la Mesa en el texto difundido.
La denuncia de los organismos de DD.HH. se da días después que los abogados Claudio Orosz, y César Theaux también presentaran ante la Justicia una denuncia en contra del fiscal de Aragón. En el escrito se incluyeron también a los subcomisarios Ezequiel Romero y Edgardo Pérez y el sub inspector Rey, por haber sido los jefes policiales que intervinieron en el operativo que derivó en las detenciones.
En la denuncia, se acusa al funcionario judicial y a los policías de "abuso de autoridad, incumplimiento a los deberes de funcionario público y privación ilegítima a la libertad”. No obstante, el abogado Orosz, en declaraciones a Cba24n dijo que "no descartan otras como severidades y torturas".
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