Redacción La NUEVA Mañana
El Senado de la Nación dio una fuerte señal este jueves al Gobierno nacional y le volteó el veto a la Emergencia en Discapacidad. Fue con un contundente apoyo del cuerpo: 63 votos a favor y 7 en contra.
De esta manera, la Cámara alta revirtió el primer veto presidencial en la era Milei. Y la sesión fue histórica: por primera vez en 22 años, el Parlamento rechaza un veto del Presidente. En las afueras del Congreso Nacional y en numerosas ciudades a lo largo del país, el sector de la discapacidad se movilizó apoyando la norma y en rechazo a las políticas libertarias hacia las y los discapacitados argentinos.
La Ley de Emergencia en Discapacidad que fue ratificada hoy por el Senado Nacional establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.
-Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
-La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
-Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
-Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Indec.
-Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
-Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
-El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
-La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.
-La diferencia del impacto fiscal se debe al numero de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley., sostuvo la OPC.
- La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
- El procedimiento de auditoría deberá* garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación. y el acceso claro a la información.
-Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.
Fuente: NA
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