El 1 de julio se dio apertura al registro de oposición que determinaría la implementación o no del polémico proyecto de seguridad en la localidad de Villa Allende. La votación se dio en medio de la disputa por el traslado del quebracho blanco a metros de la E53, por lo que es posible que haya quedado en un segundo plano. El registro estuvo abierto para vecinos y vecinas residentes de los primeros barrios en los que se implementaría la medida y cerró el 15 de julio con una participación que llegó al 2%. Estos son los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. La notificación fue por CiDi y a través de una nota que enviaron desde el municipio a cada domicilio. 1.108 vecinos estaban habilitados para la votación.
“Durante 15 días se abrió el registro en Seguridad Ciudadana para que la gente que quisiera oponerse se anotara. Implícitamente quiere decir que el 98% de las personas estaría de acuerdo o les resultaría indistinto. Ahora vamos a comenzar con la licitación de las cámaras y portones”, dijo Felipe Crespo, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allende a La Nueva Mañana. A modo de repaso, el desarrollo de la iniciativa que plantea entre varios puntos la colocación de portones para controlar el ingreso y egreso de personas y vehículos, se estableció una etapa previa a la implementación, de participaciòn vecinal para que la comunidad pueda manifestar su disconformidad con el proyecto en un voto. Si el registro de oposición obtenía un rechazo mayor al 40%, el programa se daba automáticamente de baja en aquella zona afectada.
Además del vallado en determinadas arterias secundarias de la ciudad, definieron que habrá mayor patrullaje de agentes de seguridad y vigilancia por cámaras de seguridad. Las zonas en las que se implementarán los cerramientos temporales son denominadas como áreas de seguridad vecinal y van a ser delimitadas según la tasa delictiva. Los detalles serán publicados en la página web del municipio.
Desde el municipio afirmaron que está todo en marcha para licitaciones y la colocación efectiva de los portones. Estos, serán instalados en los cruces que definió el mapa que establece el programa. Habrá mayor patrullaje en estas zonas y un dispositivo para que vecinos puedan emitir alertas en caso de notar algún hecho delictivo. Estiman que para el mes de agosto ya podrían instalar los primeros portones. Quedan a la espera de la respuesta y los plazos de los proveedores. Son 14 los puntos de cierre en ambos barrios: Romano Rolland, M. Ricciardi, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Barcelona, Amazonas, San Juan, Mendoza, Calle Pública 16 y Alto Perú, Las Tipas y Río de la Plata, California, San Luis y Boston.
Según lo estipulado en el programa, en la segunda etapa continuarán en barrio La Cruz, La Amalia y Jardín Epicuro. Luego, San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque.
Los intendentes de las localidades colindantes, como Mendiolaza, Saldán y Córdoba Capital, se mostraron incómodos con la medida a pesar de reconocer la autonomía para desplegar una acción de este tipo. Según lo dispuesto por el programa, este vallado se mantendrá cerrado desde las 22 a las 00 horas y el personal de seguridad ciudadana será el encargado de controlar el ingreso y egreso de cada vehículo y vecino al barrio. No solicitarán datos personales para permitir el acceso al barrio. La Municipalidad se comprometió a garantizar la circulación de ambulancias, bomberos y policía en caso de una emergencia.
La iniciativa obtuvo mucho rechazo e idas y vueltas entre vecinos que desde que se anunció. Se organizaron desde una asamblea de vecinos autoconvocados donde convocaron a diversas reuniones, encuestas, movilizaciones en frente del municipio y estuvieron presentes en la sesión del Concejo Deliberante el día en el que se trató la ordenanza. Posiblemente haya sido una de las organizaciones vecinales más grandes que se hayan visto en la localidad. La ordenanza obtuvo un dictamen favorable debido a que cuenta el oficialismo con una mayoría y no hubo mayor discusión sobre la iniciativa. La oposición acompañada por el colectivo de vecinos no dudó en recurrir a la justicia y presentaron medidas de amparo. “Nosotros consideramos que es anticonstitucional y muchos decidieron no participar del registro de oposición. Vamos a esperar a ver qué dice la Justicia”, expresó Marta Banegas, concejal del bloque Juntos por Villa Allende. Desde la asamblea de vecinos se opusieron al registro calificándolo de “tramposo”.
El 30 de junio, el Poder Judicial falló a favor de los vecinos ante una presentación sobre la inconstitucionalidad del padrón autorizado para participar del registro de oposición, que solo permitía a propietarios a votar. Fue así como lograron que todo residente afectado por la medida, pueda emitir opinión.
Un antecedente similar a lo que se espera implementar en la localidad tuvo lugar en 2010, Guaymallén, Mendoza. La medida se sostuvo durante 5 años. No se registraron bajas en la tasa delictiva y vecinos expresaron que generó segregación en la misma comunidad.
