Redacción La Nueva Mañana
Luego de la denuncia de vecinos y vecinas por la falta de recolección de residuos, los municipios de Córdoba, de Río Tercero, Río Cuarto y las agrupadas en el Ente Metropolitano se reunieron con las empresas prestatadoras. Tras el encuentro, las autoridades y los representantes de las compañias apuntaron contra una supuesta medida de fuerza gremial que afectaría el servicio y solicitaron la intervención de la secretaría de Trabajo. Sin embargo, el sindicato de las y los recolectores de basura negó cualquier tipo de acciones de reclamo y aseguró que las funciones no están interrumpidas.
Finalmente, en la tarde de este viernes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y abrió una mesa de negociación. El gremio rechazó la acusación y sostuvo que nunca suspendieron el servicio. La audiencia convocada por la Secretaría será el lunes 21 de julio y alcanza a las empresas LUSA, Urbacor y LAM, y al sindicato de recolectores. Además invitaron al Ente Metropolitano y a la Secretaría de Ambiente municipal.
En la reunión las empresas y los funcionarios admitieron que en las últimas 48 horas se registraron "deficiencias entre un 30% y un 70%". En un comunicado oficial expresaron que la irregularidad es un "riesgo ambiental y para la salud pública". Asimismo, dijeron que pidieron la intervención de la secretaría de Trabajo para "instrumentar un espacio de negociación, exhortando a todas las partes involucradas a evitar la escalada del conflicto y buscar soluciones en el marco de lo que cada municipio puede afrontar".
En la misma línea, los funcionarios señalaron que, si bien no tienen inferencia en el conflicto salarial, "sufren las consecuencias de las medidas gremiales de reclamo, afectando también a más de 40 municipios y comunas que disponen sus residuos en el Complejo Ambiental Piedras Blancas".
Por su parte, el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), negó medidas de fuerza y denunció que los problemas se deben a "un gran déficit de herramientas laborales por atraso de pago a las empresas prestatarias".
"El servicio de barrido y recolección en las distintas ciudades de la provincia se presta con total normalidad", comienza el comunicado firmado por la Comisión directiva. El texto, difundido en redes sociales, advierte que la "precariedad" y la falta de herramientas adecuadas provoca el retraso en las funciones.
"El predio de enterramiento funciona y así lo seguirá haciendo con normalidad dentro de la precariedad de vehículos y herramientas con las cuales realiza", sigue el documento bajo el título "la basura a veces no está en la calle, está en los que mienten y engañan".
Después del descargo, Surrbac publicó supuestas cifras que los municipios le deben a diferentes empresas, según las propias prestadoras: "LUSA $3.3 mil millones; Urbacor $3,3 mil millones, LAM $1.5 mil millones; COyS $14 mil millones".
